La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura aprobó el expediente de juicio político contra el camarista Eduardo Freiler, el juez apuntado por el macrismo, y avanzó así hacia su posible suspensión cuando lo trate el plenario del Consejo de la Magistratura
El oficialismo conquistó los votos necesarios para avanzar con el juicio, luego de recopilar pruebas contra Freiler en los últimos meses para fundamentar cinco cargos.
El expediente, al cual tuvo acceso PERFIL, intenta probar que el juez cometió "mal desempeño" por lo siguiente:
Primer cargo: Se le imputa mal desempeño por falsear u omitir datos en sus declaraciones patrimoniales juradas: como por ejemplo la falta de inclusión de un arenero marca Gama, modelo Utility; dos cuatriciclos marca Mondial de 200 cc; otros dos cuatriciclos marca Kymco; y, un cuatriciclo de 50 cc. También se lo acusa de no haber individualizado a la persona que le hizo la “donación” de siete terrenos en el municipio de Necochea. Y se detectó a su nombre una moto de agua de nombre “Argo”, con un valor de $ 158.400, pero que había sido declarada con posterioridad al “irrisorio valor” de $ 15.000.
Segundo cargo. Se lo acusa de incrementar su patrimonio con gastos “que no guardan correlación con sus ingresos”. Del análisis del período que va entre 2012 y 2016, los investigadores concluyeron que gastó seis millones de pesos por encima de sus ingresos. Una estudio más pormenorizado lleva el desfasaje a 17 millones de pesos.
Tercer cargo. Se le imputa mal desempeño por seguir “un patrón de conducta impropio de un juez federal” porque dejó de cumplir con obligaciones impositivas hasta acumular “una deuda de $ 330.619,75”.
Cuarto cargo. Se lo acusa además de alegar “motivos falsos para obtener licencias con goce de haberes”. “El magistrado ha invocado circunstancias y motivos falsos para obtener licencias para llevar a cabo viajes al extranjero, con goce de haberes, y sin vinculación alguna con su función oficial de magistrado llevando adelante una vida ostentosa”, afirma el expediente. Se apunta a un viaje a Miami de 2013, para el cual se alegó un motivo académico.
Quinto cargo. Se lo imputa por ausentarse “sin licencia durante días hábiles judiciales de forma grave y reiterada”. En este caso, un informe de Migraciones demostraría que “magistrado se ausentó del país y de la sede del tribunal, sin licencia ni justificación, durante al menos treinta y tres (33) días hábiles judiciales desde el año 2008”.
La orden de ir contra el camarista, a quien el Gobierno señala por sus vínculos con Cristina Kirchner, partió del propio Mauricio Macri.
El presidente tiene una larga historia de enfrentamientos con el magistrado desde que la Sala I que integra tuvo en sus manos la causa por las escuchas ilegales del involucraban a Macri. De ahí el interés específico que la Casa Rosada tiene en la suerte que correrá Freiler.
La separación también dejaría una silla vacante en la Sala I de la Cámara, que maneja causas fundamentales como Hotesur. Se trata de un espacio codiciado en la Justicia que podría ocupar un juez más afín al Gobierno.
En la reunión de esta mañana el macrismo contó con los votos favorables de Pablo Tonelli, impulsor del expediente, Miguel Piedecasas, Angel Rozas, Juan Bautista Mahíques y Gustavo Valdés. También con el apoyo de quienes hasta ayer estaban en duda, Luis María Cabral y Leónidas Moldes, representante de los jueces. En tanto votaron en contra el senador kirchnerista Ruperto Godoy y Jorge Candis, representante del sector académico.
El proceso pasará después al plenario del Consejo, donde se definiría la suspensión.
Desde la llegada del macrismo al poder, los jueces que enfrentaron un proceso en el Consejo de la Magistratura prefirieron renunciar antes. El caso más emblemático fue el controvertido Norberto Oyarbide. Freiler resolvió resisitir. Por eso se trata de un caso testigo.
El proceso del Consejo no equivale a un juicio penal. Sólo debe definir si hubo o no mal desempeño para resolver la suerte del magistrado. En la Justicia, Freiler enfrenta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito, que analiza la correspondencia entre los ingresos que figuran en su declaración jurada y su patrimonio real.
El camarista deberá ahora expresar su defensa ante la Comisión de Acusación el próximo 18 de abril a las nueve de la mañana.
