La Justicia Federal retomará mañana su actividad tras dos semanas de receso por la feria de invierno y las causas judiciales de trascendencia política volverán a reactivarse, entre ellas la de escuchas ilegales donde está procesado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Ese expediente está a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien suscita toda la atención política de los tribunales de Comodoro Py porque también tiene a su cargo la investigación de la mafia de los medicamentos.
Según la agenda judicial, el 23 de agosto el juez indagará al ex secretario de Transportes del kirchnerismo, Ricardo Jaime, por la sospecha de que empresarios a los que debía controlar le pagaban el alquiler de su departamento.
También se reactivará la causa por el presunto pago de coimas que debían hacer empresarios para exportar a Venezuela y la denuncia contra el titular de la CGT, Hugo Moyano, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por presuntas irregularidades en los subsidios de Belgrano Cargas. En la causa de las comisiones, el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino declarará el miércoles como testigo ante el juez federal Julián Ercolini sobre un informe que realizó en 2008 en el que desestimó una denuncia anónima por el mismo caso.
Allí se busca determinar si se debían pagar sobornos del 15 por ciento para poder ingresar a un Fidecomiso con Venezuela y exportar productos, lo que fue declarado ante la Justicia por el ex embajador Alberto Sadous a partir de cometarios que le hicieron empresarios.
En tanto, el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi comenzará a tomar las primeras medidas en la causa en una denuncia que la Coalición Cívica presentó por presuntas irregularidades en una serie de pagos millonarios del Gobierno a concesionarios del tren Ferrocarril Belgrano Cargas. En ese expediente está imputado Hugo Moyano, que también es investigado por el juez Claudio Bonadio, para saber si la obra social de camioneros comentió fraude al pedirle al Estado, a través del Administración de Programas Especiales (APE), reintegros por tratamiento médicos que nunca se realizaron.
En la causa de las escuchas, fuentes judiciales confirmaron a DyN que es muy probable que el secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, Andrés Ibarra, sea citado a declaración indagatoria para que explique si fue él quien contrató en el Ministerio de Educación del ex espía Ciro James, quien desde el Estado porteño escuchaba a personas de manera ilegal, o si tuvo alguna vinculación con esa decisión.
La Cámara Federal confirmó hace dos semanas el procesamiento de Macri como integrante de una asociación ilícita dedicada a las escuchas y el jefe de Gobierno anunció que sus abogados, Santiago Feder y Ricardo Rozental, no apelarán la decisión porque quiere ir rápido a juicio oral. En esa misma causa Oyarbide todavía tiene que resolver si acepta un planteo de Macri de nulidad de la causa y si procesa o sobresee al sucesor de Palacios en la Policía, Osvaldo Chamorro, también acusado de espionaje, y a la jefa de asesores de Narodowski, Roxana Barroso, por encubrir actividades ilícitas de James.
Por otra parte, Oyarbide también deberá fijar la audiencia en la que indagará a Héctor Cappacioli, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Kirchner, como acusado en la causa por la mafia de los medicamentos. Cappacioli está imputado por un presunto fraude al Estado que obras sociales le hacían ya que cobraran por tratamientos médicos complejos que nunca concretaron a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud.
En esa causa se investiga la comercialización de remedios falsos o adulterados en la que están procesados y detenidos el titular del gremio bancario Juan José Zanola, su mujer y ex directora del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay, y el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, entre otros.
Fuente: DyN.
