La Plaza del Congreso se transformó este miércoles en el escenario de una “postal de época”. Lejos de las convocatorias partidarias tradicionales, el asfalto porteño unió en un mismo grito a tres sectores brutalmente golpeados por la crisis económica: familias asfixiadas por las deudas, personas con discapacidad y jubilados. El hartazgo por el ahogo financiero y la falta de respuestas estatales funcionó como el pegamento que fusionó reclamos históricos con urgencias de supervivencia.
El termómetro de la protesta empezó a subir a partir de las 11 de la mañana, cuando las columnas de Libres del Sur coparon las inmediaciones del palacio legislativo. El blanco de la bronca fue directo y sin filtros: el sistema financiero y, muy especialmente, las billeteras virtuales. En la mira de los manifestantes quedaron Mercado Pago y las entidades bancarias, a quienes acusan de aprovechar la desregulación oficial para exprimir los bolsillos con tasas de interés que no encuentran techo.
"Las deudas son de nosotros y nosotras. Las ganancias se las llevan Galperín y los bancos", resumió con crudeza la referente social Silvia Saravia, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. La dirigente exigió la refinanciación y la devolución de los cobros exorbitantes, al mismo tiempo que disparó contra el rumbo de la gestión actual. "Milei nos somete a un plan de ajuste terrible. Desde que asumió, se redujo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, sin contar los más de 300.000 despidos que hubo en todo el país", sentenció.
La movilización de los deudores potenció la habitual resistencia de los jubilados, que como cada miércoles sostuvieron su reclamo, pero esta vez sumaron un nuevo aliado: el Foro Permanente de Discapacidad. Las agrupaciones de este sector pisaron la plaza con una exigencia a contrarreloj, reclamando la prórroga inmediata de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (que vence el próximo 31 de diciembre) ante el colapso de un sistema que dejó a miles de pacientes a la deriva.
Mientras afuera las pancartas denunciaban el vaciamiento del Estado y la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados, el peso de la movilización logró traspasar los muros del Congreso. El eco del reclamo acorraló al oficialismo y le marcó el ritmo a una jornada legislativa que, hasta ese mismo momento, el bloque de La Libertad Avanza intentaba esquivar.
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El impacto puertas adentro: cronograma de urgencia
Dentro del recinto, la táctica libertaria de vaciar la sesión chocó de frente contra la estrategia opositora. Al constatar que 135 diputados ya estaban sentados y listos para debatir, el oficialismo no tuvo más remedio que bajar a sus bancas y ceder. Acatando la presión que llegaba desde la calle, la Cámara baja votó por unanimidad fijar fechas límite obligatorias para que las comisiones dictaminen sobre la morosidad y la discapacidad antes de fin de mes.
Durante el debate, los números que se tiraron sobre la mesa le dieron la razón a quienes protestaban afuera. El diputado Juan Marino desnudó la parálisis en el área de discapacidad con datos oficiales: de 90.700 trámites iniciados para altas de pensiones, el Gobierno solo resolvió 10.000, acumulando una deuda de casi 70 mil millones de pesos con prestadores e instituciones. Frente a esto, se acordó firmar un dictamen el próximo 23 de septiembre, pese a que el oficialista Gabriel Bornoroni intentó bajarle el tono al conflicto asegurando que la emergencia ya estaba "cumplida".
La radiografía de la morosidad familiar tampoco se quedó atrás. Con cerca de seis millones de argentinos en mora y 20 millones endeudados en total, legisladores como Germán Martínez y Pablo Juliano dejaron claro que la gente ya no pide créditos para consumir, sino para pagar la comida y no caerse del sistema. Ante este crudo panorama, el salvavidas legislativo para las familias comenzará a discutirse a partir de la próxima semana, buscando un dictamen de consenso para el 29 de septiembre.
TC/AF
