La intervención de las fuerzas federales en Villa Mascardi, Río Negro, terminó con siete detenidas de la comunidad mapuche, un grupo acusado de atacar, mediante armas de fuego, un puesto de Gendarmería, que mantenía la custodia de una de las propiedades vandalizadas. Ante estos acontecimientos, La Cámpora emitió ayer un comunicado de repudio a “la militarización y la vulneración de derechos que se vienen desarrollando”.
La agrupación que lidera Máximo Kirchner manifestó su “enorme preocupación” por el accionar del comando unificado organizado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y las decisiones judiciales. “Va en contra de las normas y tratados internacionales de derechos humanos, y evidencia la falta de perspectiva de género y desconocimiento de la interculturalidad del Poder Judicial y los actores interviniente”, afirman, al tiempo que solicitan “recuperar la senda del diálogo para encontrar una resolución final a este conflicto”.
En ese sentido, Hugo Yasky, referente de la Central de los Trabajadores de la Argentina y diputado del Frente de Todos, presentará un proyecto para que el conflicto sobre las tierras reclamadas por pueblos originarios se resuelva por “vías pacíficas e institucionales”.
El sindicalista, que además preside la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, cuestionó el operativo de las fuerzas de seguridad de la Nación, habló de “represión” y anticipó que el martes dará a conocer una iniciativa para que todo problema entre pueblos originarios y gobiernos logre una resolución por el camino institucional, mediante una comisión.
Las acusadas son Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil, Débora Daniela Vera, Andrea Despo Cañuqueo, Florencia Melo y Romina Rosas. De esas siete, cuatro fueron trasladadas al Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza, y las otras tres todavía permanecen alojadas en distintas dependencias de las fuerzas federales.
Los abogados defensores se movieron con celeridad: apelaron la medida de la jueza federal subrogante Domínguez, que ordenó el traslado, y cuestionaron la “falta de perspectiva de género”y la “pena adicional” que implica “llevarlas a 1.600 kilómetros de distancia de su grupo familiar”.
