El Gobierno de Alberto Fernández suspendió este sábado 14 de diciembre el decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado y que alcanzaba a unos 3.000 funcionarios nombrados bajo su gestión. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial.
Mediante el decreto 36/2019, el cual lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se estableció que se "suspende por 180 días el decreto N° 788/19" y "convoca a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, a reunirse dentro de los próximos 90 días".
El decreto del expresidente Mauricio Macri firmado a solo 14 días de retirarse éste de la Casa Rosada, extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos nombrados bajo su mandato. En el nuevo lineamiento del Gobierno se establece además que "en ningún caso, la prórroga de las designaciones podrá exceder el 31 de marzo de 2020”.
En ese marco, instruye a los "ministros y ministras, secretarios y secretarias de la Presidencia de la Nación, autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal".
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En el texto se especifica que la revisión deberá realizarse en un plazo "no mayor a seis meses, en cualquier instancia en que se encuentren a fin de analizar su legalidad, y en particular, el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los antecedentes presentados por los postulantes". Además, el artículo 7 dispone la revisión de las contrataciones de personal "efectuadas en dichos ministerios u organismos, durante los últimos tres años".
También se remarca que las autoridades deberán "reportar los avances" de las acciones instruidas en el decreto mediante un "informe sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de los cargos autorizados a concursar y los contratos celebrados".
Entre los considerandos se analiza que la implementación del decreto firmado por Macri implicaría "una disrupción y una desigualdad en la carrera del personal de la administración pública", al tiempo que no se "constataría una relación razonable con las escalas salariales" vigentes. Por ello, concluyen que "resulta necesario un análisis y control pormenorizado de la legalidad" del decreto 788/2019.
F.D.S./HB
