Mañana a la noche el ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington para ponerle su firma de puño y letra al aval político que, espera, tenga el board del organismo internacional de crédito el miércoles para darle luz verde al desembolso de cerca de US$10 mil millones.
El jefe del gabinete económico (y candidato presidencial por el oficialismo) esperaría una yapa más: tal vez postergar algunos vencimientos previos a las elecciones. Massa viene con clemencia por parte del Fondo. No solo porque le permitió renegociar metas de reservas y aflojó la lupa sobre la inflación, sino porque contó con todos los desembolsos para pagar la deuda, aunque haya tenido que recurrir a los yuanes del acuerdo con China y a fondos de la CAF (algo que no terminó de ser digerido con creces dentro de algunos directores del FMI).
Pero, en especial porque el Fondo respaldó la devaluación del 20% del lunes pasado, post-PASO, cuando el tipo de cambio oficial saltó a 350 pesos.
La suba de alimentos en las últimas cuatro semanas habría escalado el 10%
Ahora tiene que reacomodar los precios a ese 20% y correr contrarreloj para que el efecto de la devaluación se aplaque a medida que se acerque octubre. Objetivo muy ambicioso, pero que el gabinete económico considera posible. Por eso los acuerdos de precios recientemente anunciados, para ponerle un corsé a la suba en los combustibles, alimentos y medicamentos por noventa días.
Ahora viene la etapa de las medidas proconsumo, o el plan platita III que el ministro prefiere denominar de otro modo. “El FMI pidió la devaluación”, repite.
Ayer, Massa reunió a todo su equipo para analizar las medidas para buscar recuperar el poder adquisitivo. Entre los temas que se evaluaron figuran el otorgamiento de un bono a jubilados y pensionados, y la suba de la asistencia social, como el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También se sumó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, lo que acrecienta los rumores sobre la posibilidad del bono a la clase pasiva y a los planes de asistencia.
Estuvieron la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren y el timonel de la Aduana, Guillermo Michel, quien sigue sumando puntos dentro del gabinete económico y, según pudo saber PERFIL, comenzaría a funcionar como un “vocero” más en el sentido de salir a defender cuestiones económicas críticas, como la suba de precios, a medida que se vaya recalentando la campaña, de modo de “aliviar” (en parte) la pesada mochila que en este aspecto recae sobre el propio ministro.
La dura frase de Massa sobre el momento económico: "A mí me tocó tomar el 'tomuer' frío"
Obviamente que lo que más preocupa es la suba en los precios de la canasta básica que solo la semana pasada tuvo remarcaciones de entre 10% y hasta 30%, en productos claves como la carne, la leche o el pan. Esta semana también se esperan nuevas remarcaciones por ejemplo, en la carne de cerdo y Energía confirmó otro aumento en las boletas de la luz.
Hay consultoras que ya alertan por subas de hasta 10,4% en las últimas cuatro semanas y se estima que el índice inflacionario de agosto será globalmente uno de los más altos de la gestión Massa.
Lo que parece quedar claro es que sin la venia del FMI para el próximo desembolso, el clima social no tendrá ninguna chance de alivianarse ni tampoco podrían cobrar vida las medidas proconsumo.
Los US$ 10 mil millones en realidad, deberán contemplar casi US$ 3 mil millones para devolverle a la CAF y para reponer los yuanes, que casi se evaporaron en la cosmética financiera del BCRA y sus reservas tras el último pago.
Lo que queda alcanzaría justo para cancelar los próximos vencimientos en plena carrera electoral.
Por lo que el ministro necesita tener este frente externo cerrado con éxito, para mostrar una carta fuerte y despejar las tensiones sobre los escasos recursos en pesos que se puedan destinar a los bolsillos. Esto le sigue reclamando un sector de la coalición gubernamental, que aún desconfía de sus diálogos con el FMI y los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden.
