El uso del dinero público mendocino protagoniza un nuevo escándalo. La Justicia investiga a Gustavo Matar, flamante empresario que en dos años y medio le facturó 30 millones de pesos al Estado mendocino.
Luego de la denuncia presentada por los diputados del radicalismo Alejandro Limas, Daniel Dimartino y Roberto Infante ante el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Delitos Especiales, el fiscal de Delitos Especiales Santiago Garay investiga de qué manera se enriqueció Matar y en qué condiciones la gobernación contrató sus servicios.
Según informó Clarín, entre 2004 y 2009, Matar trabajaba como fotógrafo y camarógrafo de la municipalidad de San Rafael, en el sur de Mendoza. Cobraba, al momento de dejar el municipio, 8.500 pesos al mes y estaba inscripto como monotributista.
El fotógrafo compró un móvil de transmisión satelital que alquiló varias veces al Gobierno nacional para sus transmisiones desde Mendoza, como la Fiesta de la Vendimia. Según consigna el matutino, ahora compró Telesur, y el Canal 6 de San Rafael, al grupo Vila-Manzano. Sin embargo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que dirige Martín Sabbatella, no aprobó esta operación, que tampoco estaba contemplada en la propuesta de adecuación a la Ley de Medios que el grupo empresario presentara en diciembre.
Matar fue fotógrafo del exintendente del Frente para la Victoria, Omar Félix, ahora diputado nacional, y su hermano Emir, actual intendente. La esposa del fotógrafo es la diputada provincial del FPV Evangelina Godoy, que responde políticamente al exsecretario de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
El fotógrafo tiene una empresa que se llama Sur Talent. Comenzó a ser contratista del Estado a mediados de 2009. Según la denuncia, concentraba casi el 80 por ciento de lo que pagaba en ese entonces la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Cazabán, en concepto de publicidad.
Matar manejó al menos 3,5 millones de pesos del Frente para la Victoria en 2011, incluidas las campañas para las primarias y las generales. Y ahora logró algo inédito: está al frente del canal 6, donde montó sus oficinas y dirige la programación. Además, es dueño de tres radios –Vibra, La brava (que también era de Vila-Manzano), y la 95.7– y el semanario Info ya, con una distribución de 15 mil ejemplares.
El empresario se defendió esta mañana en radio LV10: “El Estado me contrata, hago el trabajo, lo facturo y trato de cobrarlo. La verdad que no ha habido una concentración, estamos lejos de eso, acá hay una vinculación política. Ni más ni menos de que eso, sino las demás productoras deberían estar siendo investigadas por el fiscal (Rafael) Garay”.
“Yo estoy a disposición de la Justicia, no tengo absolutamente nada que ocultar”, aseguró. Sobre su crecimiento patrimonial, señaló: "Hace 17 años que vengo trabajando, en todo este tiempo obvio que hay una evolución no sólo en la facturación sino en el abanico de cosas que hemos empezado a hacer, el Estado no es mi único cliente, atan todo al Estado y ahí hay un error enorme”, se quejó.
