La diputada Elisa Carrió (CC-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para obligar a “autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales” a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública. El sindicalismo no hizo esperar sus críticas ante la propuesta.
La iniciativa de la diputada aliada del Gobierno establece que las entidades deban “presentar declaraciones juradas por los cinco periodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley” y que las personas mencionadas sean pasibles de ser alcanzadas por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, en especial el delito de enriquecimiento ilícito. Carrió amplió así un proyecto que había impulsado años atrás tendiente a ampliar el listado de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.
En los fundamentos del proyecto, la diputada explica que “las organizaciones sindicales, empresariales y las obras sociales son persona jurídicas, en algunos casos de carácter público no estatal, pero que por sobre todas las cosas administran dinero o representan intereses de terceros”. Precisa en el texto que “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.
Ello, dice la legisladora, es “algo absolutamente asimilable a los fondos públicos que el Estado administra en nombre de todos los ciudadanos”.
¿Cómo reaccionó el sindicalismo? No de la mejor manera. El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, cuestionó a la diputada al reprochar que la legisladora "hace 20 años que viene cobrando del Estado y no hizo nada", por lo que se preguntó: ¿Qué es, la fiscal de la República?”. "Me pregunto qué hizo, ¿presentó algún proyecto? Veinte años hace que la venimos aguantando, soportando y bancándola todos los meses. Todos los meses le venimos pagando el sueldo a ella y a todo el séquito que ella maneja", remató el dirigente camionero en diálogo con Radio Mitre.
En diálogo anoche con Mirtha Legrand, el camionero amplió sus dichos. "¿Si yo fuera tan malo como dicen todos podría convocar a los más de 100 mil trabajadores? A mí me importa lo que creen los trabajadores que yo represento. No me preocupa lo que piense Lilita. Yo no tengo nada que ocultar, que hagan las denuncias que quieran”, señaló tras remarcar que le hicieron “muchas auditorías” y que “nunca” pasó nada.
Por otra parte, Moyano remarcó que se “está sincerando la Economía pero de una forma muy brutal”.
Carrió sostiene en su proyecto que “incluir estas personas como sujetos obligados equiparados a los funcionarios públicos hace necesario actualizar el tipo penal de enriquecimiento ilícito lo que también se trata en este proyecto a efectos de aclarar que no solo quienes trabajen en el Estado están alcanzados por este delito”. En todos estos casos la iniciativa indica que “hasta dos años de haber cesado en su desempeño podrán ser investigados respecto de la consistencia de su patrimonio”.
En el texto Carrió impulsa medidas para garantizar el acceso rápido, libre y gratuito a la Justicia de todo ciudadano y la posibilidad de promover la investigación judicial ante posibles enriquecimientos injustificados en la función pública o en el ejercicio de cargos con relevancia para el interés público.
En caso de delito, la pena que fija el proyecto es reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua quien no pueda justificar el origen de un enriquecimiento apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, la cual podrá ser reprimida con igual pena que el autor del hecho. Precisa, a su vez, que “se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban”.
