Nicolás Fernández, un kirchnerista ortodoxo, tiene la llave para que el oficialismo apruebe las retenciones

La renuncia del empresario aceitero Roberto Urquía a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda le solucionó al oficialismo un problema clave: al reemplazarlo por el ultrakirchnerista Nicolás “Tito” Fernández lograron la firma que les faltaba para lograr un dictamen favorable a las retenciones.

Urquía, que dimitió por pedido expreso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también dejó su puesto en la comisión de Agricultura por considerar que el conflicto entre el campo y el Gobierno le generaba demasiadas contradicciones ya que si bien es senador por el oficialismo se “debe a los intereses de la provincia” de Córdoba.

Fernández, mientras tanto, es oriundo de la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y un kirchnerista a ultranza al que probablemente no le surjan dilemas de este tipo.

Abogado de profesión, casado y con dos hijos, comenzó en el `86 con una carrera política a nivel local, en Caleta Olivia, adonde fue elegido miembro del Concejo Deliberante.

Desde allí, pasó a asesor de varias intendencias provinciales hasta que en el ´91 se convirtió en consultor de la firma Renault en el norte de Santa Cruz. Aparte de ejercer como abogado en el estudio que creó, fue asesor en varios sindicatos y en el ´94 fundó el diario La Prensa de Santa Cruz, de Caleta Olivia, en plena etapa de gobierno kirchnerista.

Hoy es gerente del periódico y se desempeña desde el 2005 como senador por el oficialismo, adonde integra varias comisiones –a partir de ahora también la de Presupuesto y Hacienda- y lidera la de Asuntos Constitucionales.

En mayo de este año, y como para demostrar que su lealtad con el Gobierno no flaquea, llamó “a hacer un ejercicio de memoria” para resaltar “las fortalezas del modelo del que somos parte”.

En un comunicado en el que defendió la postura oficialista en el conflicto con el campo, publicado en su perfil en la página de internet de la Cámara Alta, acusó a los ruralistas de provocar “un inusitado derroche de alimentos” y de realizar “convocatorias a una resistencia cívica que generó desabastecimiento e incrementó los costos de la canasta familiar”.