El espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas. Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.
En la AFI, el sistema de “escritorio limpio” por el cual el personal no puede dejar papeles y material de trabajo a la vista, hace que cada oficina cuente con cajas fuertes. El 24 de enero, personal de la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño realizó una inspección ocular en la oficina ocupada por el entonces director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia. Allí encontró tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”. Se trataba de planillas que contienen fotografías, datos de las actividades en redes sociales, y referencias sobre si los investigados tienen afinidades políticas, sociales y culturales, y participaciones societarias. En algunos casos hasta hay información sobre su familia y empleadas domésticas.
Estos folios son parte de una denuncia presentada ayer por Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.
“He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, ello vulnerando manifiesta los términos contenidos en los artículos 4 inciso 2 de la ley 25.520”, dice parte de la denuncia.
Periodistas. En el expediente hay 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por el área de contrainteligencia que tendrían que ver con los trabajadores de distintos medios acreditados para la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en la Argentina durante 2018. “Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, se detalla en la denuncia. Entre ellos hay periodistas y fotógrafos de la editorial PERFIL.
Esta información registrada viola el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia que detalla que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Las descripciones incluyen calificaciones como “siempre con posturas contra el Gobierno”; “Se opone fuertemente al kirchnerismo”; “Hay una foto con Estela de Carlotto”; “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista”; “Se destaca que en FB la única página de políticos a la que le dio ´Me Gusta´es la de Laura Alonso”; “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”.
Más espiados. La lista de vigilados también tuvo que ver con la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017. Allí figuran distintos empresarios y personalidades de la sociedad civil que participaron y otros a los que se les negó su participación. “Adjunto también a la presente, un informe elaborado titulado ‘Informe sobre inscriptos a la reunión ministerial de la OMC’, calificado como Secreto, de donde se desprende el análisis de inteligencia ilegal efectuado en relación al Transnational Insitute y del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio”, dice la denuncia.
Entre el seguimiento también aparecen dirigentes de distintas entidades como varios miembros de la Sociedad Rural Argentina, de quienes se detallan información privada como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles. Así como su participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas.
Las pruebas se presentarán este lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi cuando también se exhiba un informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas.
“El Gobierno no los va a espiar”
Alberto Fernández se refirió ayer a las denuncias de espionaje durante la gestión de Mauricio Macri al asegurar que “la Argentina no soporta más la miseria el Estado espiando a otros ciudadanos. Y los que han hecho esto en democracia, que se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe. La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar y tiene que ver con la primera pregunta que me hicieron y que van a poder ejercer su tarea con total libertad”, dijo ayer el Presidente en La Pampa. Ayer la interventora de la AFI hizo una segunda denuncia en la que incluyó a 403 periodistas que habrían sido espiados. “Nosotros lo único que hacemos es hacerle saber a la justicia lo que encontramos”, concluyó Fernández.
