Un fallo en firme de la Cámara Nacional de Apelaciones obliga a la Inspección General de Justicia (IGJ) a entregar toda la información disponible en el órgano dependiente del Ministerio de Justicia sobre Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Así se perforó por primera vez el “cepo” informativo que impuso el Gobierno para proteger a las empresas vinculadas al poder, que se inició en 2010 con el caso Ciccone, pero también sirvió para limitar la información disponible sobre la empresa presidencial Hotesur.
La medida judicial fue adoptada el día 11 de junio y responde a una demanda de la diputada del Gen -y candidata a presidente- Margarita Stolbizer. Ayer se agotaron los plazos procesales para apelar y no hubo, sorprendentemente, ninguna medida en ese sentido de parte del Gobierno. La información debía ser entregada el día 21 de junio, 10 días después del fallo, aunque habitualmente se espera hasta que venzan los plazos para apelar. Ahora se iniciará un proceso de ejecución de sentencia, porque las autoridades del ministerio no dieron cumplimiento a la medida de manera voluntaria. La abogada patrocinante de Stolbizer, Silvina Martínez, ex empleada de la IGJ despedida por no respetar el cepo informativo, anticipó a PERFIL que iniciarán de inmediato la demanda por incumplimiento.
La decisión de la Sala F Cámara Comercial, adoptada con voto unánime, sólo vale para este caso particular. Pero sienta una jurisprudencia contundente en favor de una serie de amparos que podrían sacar a la luz información clave sobre los más resonantes casos de supuesta corrupción de la era K, desde Skanksa hasta Hotesur.
Además, dentro de los considerandos hubo fuertes definiciones respecto al derecho a la información pública y la ilegalidad del cepo de la IGJ. Los camaristas llegaron incluso a afirmar que se están violando los derechos más elementales: “El reconocimiento del derecho a la información se remonta, en origen, a principios admitidos por el derecho natural, que emergen de la condición de persona del individuo”.
También se aclaró que la diputada tenía derecho a acceder a esa información por su condición de ciudadana, de manera tal que abre el camino para que cualquier persona pueda requerir acceder a expedientes que, hasta la fecha, fueron guardados bajo siete llaves por su relación con funcionarios que están en la mira de la Justicia.
(*) De la redacción del Diario PERFIL
