A Cristina Kirchner el futuro también le depara la resolución de las causas judiciales, en especial la de Hotesur, en la que el juez federal Claudio Bonadio sospecha de la Presidenta por presunto lavado de dinero.
El Gobierno está muy interesado en que el expediente pase a la Justicia Federal de Río Gallegos. Un importante miembro del gabinete recordó que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le pidió a Bonadio que gire la causa para que sea tratada en el Sur. Un juez de Río Gallegos se declaró competente.
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El juez Bonadio debe contestar a la Cámara Federal de Comodoro si se queda con la causa o la envía a los pagos kirchneristas. Lo que sostiene el oficialismo es que en caso de que el magistrado a cargo de Hotesur dilate la respuesta o responda que no, la Cámara de Comodoro le pedirá a la Cámara Federal de la Capital Federal que le ordene a Bonadio entregar la investigación. ¿Un adelanto de lo que vendrá? ¿El Gobierno maneja información de lo que hará la Cámara?
Pero no será tan sencillo porque si lo que investiga Bonadio es lavado de dinero, la competencia no es tan clara como en el caso de que lo que investigue sea una simple irregularidad en los balances. Y ése es un punto a favor del juez federal.
El lavado de dinero salpica también a la familia presidencial a través del empresario oficialista Lázaro Báez. Porque Báez alquiló durante un año al menos los hoteles de la familia presidencial a precios irrisoriamente altos, aún cuando éstos no se ocuparan. La Justicia deberá investigar si detrás de esa maniobra se esconde presunto lavado de activos.
Otra causa que podría reabrirse es la de enriquecimiento ilícito. La Corte convalidó la figura de “cosa juzgada írrita o fraudulenta” que implica la posibilidad de reabrir una pesquisa en caso de que se crea haya sido mal juzgada. Esa es la punta del iceberg para abrir otras causas que complican a varios funcionarios del Poder Ejecutivo.
La Justicia es algo que obsesiona a Fernández de Kirchner. Por eso, copó como pudo los tribunales y las fiscalías, y planea que se instrumente cuanto antes el Código Procesal Penal, que le otorga más poder a Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación y jefa de los fiscales de todo del país.
