“Jamás usé la obra social porque acá OSME no presta servicios. Me afilié en 1996 cuando trabajaba en la AFIP, pero después supe que la cobertura no me convenía porque me cobraban aparte. Hace unos meses, me citaron del Juzgado Federal y me preguntaron sobre mi estado de salud. Yo llevé el carnet de afiliado, pero nunca usé la cobertura ni estuve enfermo de gravedad.”
El caso de Héctor se asemeja al de José Miguel Soruco, un empleado de la AFIP de 47 años que vive en San Salvador de Jujuy. Según documentación de la Administración de Programas Especiales (APE) –el organismo que provee de financiamiento a las obras sociales–, Soruco recibió un tratamiento contra la hepatitis crónica entre febrero y julio de 2007 que le costó al Estado 26.400 pesos. “No tuve hepatitis ni recibí tratamiento”, confirmó a Perfil vía telefónica.
Al igual que Rodríguez y Soruco, Jesús María Betancour es otro empleado público, aunque de Gualeguaychú. En el último año ni siquiera apeló a su cobertura médica, pero aparece en otro listado de presuntos enfermos para los que se solicitaron subsidios estatales.Estos fondos eran para tratamientos médicos complejos y costosos, como los oncológicos, los medicamentos contra VIH, la hemofilia y la esclerosis múltiple. Todos estos supuestos beneficiarios gozan de buena salud y desconocían que sus datos personales habían sido usurpados para que cinco droguerías –en presunta complicidad con obras sociales– embolsaran 6 millones de pesos, según se denunció ante la Justicia.
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