El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a Angelo Calcaterra, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al secretario de obras públicas José López, en el marco de una de las causas por el escándalo Odebrecht.
Se trata de aquella en el que se investigan irregularidades en la concesión del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y donde se sospecha se pagaron coimas por parte de la constructora brasilera. También citó al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez como supuesto intermediario entre los empresarios y los funcionarios investigados.
En total se trata de 49 personas que fueron citadas a indagatoria, entre otros el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, y los empresarios de las firmas Iecsa, Comsa, y Ghella que junto a la brasilera Odebrecht participaron del contrato.
La investigación es junto al fiscal Franco Picardi y se detectaron irregularidades en el proceso licitatorio y pago de "comisiones" mensuales por parte de las firmas Iecsa y Comsa a la consultora CAESA, propiedad de Manuel Vázquez, testaferro de Jaime. En los pagos a esa sociedad se escondieron varias coimas detectadas en diferentes investigaciones judiciales en los últimos años.
Las indagatorias fueron fijadas a partir del 6 de junio con De Vido y finalizan el 17 de octubre con el "Corcho" Rodríguez, aunque también están citados los directivos de Odebrecht, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta, y los empresarios de Ghela y COMSA.
La denuncia la realizó en marzo de 2016 la diputada Graciela Ocaña, a partir de un informe de la Policía de la República Federativa de Brasil en el caso "Operación Lava Jato".
En ese documento se afirmó que las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) y Control y Auditorias Especiales de Argentina S.A. (CAESAI), vinculadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, recibían sobornos efectuados por parte del grupo Odebrecht a través de la cuenta de la empresa off shore "Klienfeld Service Ltd".
En el proyecto del soterramiento del tren Sarmiento intervinieron las empresas IECSA S.A., que en ese momento era de Calcaterra, que es primo del presidente Mauricio Macri, GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.
Entre las pruebas de la causa, figura un intercambio de correos electrónicos entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, director del grupo Odebrecht, por "problemas" que se habrían producido en la recepción de una transferencia de dinero.
Constan, además, transferencias bancarias entre las empresas "Klienfeld Services LTD" y "Pribont Corporation S.A." por 80.000 dólares en el First Caribbean Internacional Bank.
En ese sentido, se acreditó en la causa que Fernando Migliaccio Da Silva (ejecutivo de la "Constructora Norberto Odebrecht"), poseería poderes de administración sobre las cuentas off shores de "Klienfeld Services LTDA", utilizadas por esa firma para el lavado de dinero y el pago de sobornos.
Coimas. En la Argentina, la empresa Odebrecht había reconocido el pago de unos 35 millones de dólares en sobornos para acceder a varias obras entre 2007 y 2014.
A partir del estudio de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, se encontraron correos electrónicos de Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA, sobre el pago de coimas del soterramiento del Sarmiento.
En uno de ellos, del 9 junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero y con sumas que excederían los veinte millones de dólares.
Además, consignó Noticias Argentinas, el juez tuvo en cuenta un informe del departamento de Justicia de los Estados Unidos que, a partir de la confesión de directivos de Odebrecht, acreditó que entre 2001 y 2016 aproximadamente, la empresa "pagó cientos de millones de dólares en concepto de soborno, como así también a dar otras cosas de valor a funcionarios, partidos políticos y candidatos políticos extranjeros".
En concreto fueron 788 millones en coimas a 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Licitación. El juez Martínez de Giorgi advirtió en base a un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que "no se cumplieron los plazos de la publicación" del mismo, se modificaron los pliegos, objetos por no realización de audiencias públicas, se modificó el objeto del contrato, y no hubo presentación del análisis de precios.
"La falta de información concreta de la obra y la oportunidad en que se dio a conocer el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas afecta gravemente la transparencia del proceso de selección", sostuvo el juez.
Además, se pudo establecer que tanto las empresas COMSA S.A. como IECSA S.A., registraron operaciones con CAESA S.A. entre 2005 y 2009 por "servicios de consultoría", una pantalla de lo que podría ser pago de sobornos.
CAESA es una firma que ya estuvo involucrada como receptora de sobornos en otros hechos, algo que fue tenido en cuenta por Martínez de Giorgi en su resolución.
Para el juez, existió un vínculo entre las irregularidades detectadas en las distintas etapas del proceso de licitación lanzado por la Secretaría de Transporte, con los pagos efectuados por parte de empresas de la UTE a la firma CAESA S.A., y los pagos indebidos que la firma "Odebrecht" confesó en Estados Unidos.
Según consta por declaración de Luiz Antonio Mameri, el pago de sobornos por el soterramiento de Odebrecht fue entre 2008 y 2014: aquel era colaborador de Odebrecht y refirió a pagos indebidos al Ministerio de Planificación Federal, concretamente Roberto Baratta.
Por otra parte, Ernesto Selzer, quien fuera presidente de la Unidad Ejecutora de la obra soterramiento del ferrocarril Sarmiento entre agosto de 2013 y febrero de 2016, dijo que "Corcho" Rodríguez fue una suerte de emisario entre López y la firma Odebrecht.
La resolución completa del juez Martínez de Giorgi:
