La Justicia alertó al Poder Ejecutivo para identificar y eventualmente embargar los bienes de Odebrecht en Brasil con el objetivo de recuperar el dinero de la corrupción, confirmaron fuentes del caso a PERFIL.
El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, es quien lleva adelante las negociaciones con los abogados de Odebrecht para intentar llegar a un acuerdo de colaboración. La empresa deberá aportar pruebas sobre el pago de sobornos a funcionarios argentinos. En medio de esas negociaciones, el fiscal envió un oficio al procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, quien lidera a los abogados del Estado, para alertarlo. Le planteó que debe preparar la estrategia para avanzar sobre los bienes de la constructora en Brasil –en Argentina son escasos– y recuperar lo que el Estado le haya pagado a Odebrecht por las obras ganadas mediante el pago de sobornos.
La Justicia aún no sabe cuánto dinero deberá recuperar, pero Rodríguez advirtió sobre algunas cifras. Odebrecht admitió sobornos por US$ 35 millones en la Argentina y dijo que obtuvo beneficios económicos por US$ 278 millones en el país.
En su escrito, el fiscal señaló que la empresa tiene al menos dos contratos vigentes: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y las obras en la planta potabilizadora de Aysa Paraná de las Palmas. En Brasil, los investigadores sostienen que las obras en dos gasoductos también están comprometidas. Los funcionarios en la mira son el ex ministro Julio De Vido y los ex secretarios de Estado José López, Ricardo Jaime y Daniel Cameron. El caso también roza al primo del presidente Mauricio Macri Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, socia de Odebrecht.
Hay dos puntos clave en el oficio de Rodríguez que marcan el pulso de las consecuencias del caso Odebrecht. El fiscal citó el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que plantea la responsabilidad de los gobiernos de eliminar las consecuencias de los actos de corrupción; y recordó el Decreto 1.023 de 2001, que establece que el pago de sobornos es causal para rescindir un contrato en cualquier estado de la licitación de una obra o servicio. Conclusión: está planteando que las licitaciones que Odebrecht ganó mediante el pago de coimas deberán ser dadas de baja.
Rodríguez no es el único que plantea este escenario, pero es el primero que lo oficializa. PERFIL ya había adelantado en marzo que, en la Justicia Federal, jueces y fiscales con casos que involucran a la empresa brasileña están discutiendo si deberán parar la obra del soterramiento en caso de obtener pruebas de corrupción en esa licitación.
Contactos. Luego del oficio, Rodríguez y Balbín mantuvieron una reunión para discutir la estrategia conjunta. La Procuración del Tesoro tiene una posición difícil para la empresa. No puede hacer acuerdos, debe avanzar con todo el peso de la ley. Pero tiene una instancia previa al juicio civil: la mediación. Odebrecht podría llegar a un acuerdo en esa instancia: pagar lo que le exigen los abogados del Estado como resarcimiento por los daños causados y cerrar el frente en la Justicia civil.
Mientras tanto, Rodríguez intenta avanzar en la parte penal. El acuerdo está en pañales. Todo indica que no se resolverá antes del 1º de junio, como estaba previsto, y fuentes judiciales aseguran que las negociaciones se extenderán. Las razones son varias. La compañía recién se contactó con la Justicia en marzo. Además, en Brasil la empresa pudo negociar su situación penal y económica en un mismo paquete. Aquí la ley no lo permite. Eso dificulta el principal objetivo de Odebrecht: seguir operando en el país. La desconfianza de los brasileños en la Justicia Federal tampoco ayuda.
El acuerdo penal será en el marco de la Ley del Arrepentido para casos de corrupción, una norma sancionada en 2016 y que aún no se ha aplicado. La Justicia argentina sabe que necesita la colaboración de los ejecutivos de Odebrecht para llegar a resolver el caso. La empresa también lo sabe, y es la carta que usará en el acuerdo.
En Brasil, la Policía Federal arrasó con allanamientos y secuestro de documentación, computadoras y teléfonos, pero no pudo cerrar el caso hasta que los 77 ejecutivos se sentaron a explicar el significado de muchos de esos papeles, sobrenombres y palabras en clave, circuitos financieros y maniobras.
