Ola de amenazas por el caso de la productora rural

En medio de una ola de amenazas que llegaron hasta la diputada nacional kirchnerista Nora César (Buenos Aires), el bloque del ARI presentó hoy en el Congreso un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el crimen de la productora rural Liliana Ledesma en septiembre pasado, un caso que conmueve a la provincia de Salta y que tiene ribetes vinculados al narcotráfico.

La iniciativa del ARI surgió luego de que la periodista salteña Marta César denunciara ante la comisión de Comunicaciones que recibió amenazas de muerte, en tanto que la diputada del PJ Nora César –hermana de Marta- advirtiera hoy que ella también fue amenazada.

Además de las hermanas César, otros amenazados, según pudo constatar perfil.com, fueron los periodistas que investigan el caso para El Nuevo Diario de Salta y de la radio FM Noticias, entre ellos Sergio Poma y Paula Poma, y los abogados de la Red de Derechos Humanos, Daniel Tort y Pedro García Castiella .

Había sido durante un reportaje con César que Ledesma acusó al diputado provincial romerista Eduardo Aparicio, de realizar desmontes ilegales, de cercar una zona e impedirle cruzar por su propia tierra, y de estar vinculado al narcotráfico.

Poco después de esas declaraciones, el 21 de septiembre la mujer apareció muerta a balazos y con los labios cortados. Según se presume, fue la hermana de Aparicio –ahora detenida- la que pasó a buscar a Ledesma por su casa y la entregó a dos sicarios que llevaron a cabo el crimen. Hoy, los matones fueron arrestados y el diputado Aparicio se vio obligado a renunciar a su cargo.

En el pedido de informes al Ejecutivo, la diputada Elisa Carrió pidió todos los reportes de Gendarmería relacionados a la presunta participación de Aparicio en actividades vinculadas al narcotráfico y los datos de inteligencia referidos a Beatriz Suárez, concubina de Aparicio.

También pidió información sobre los cruces de llamadas que develarían que Ledesma estaba siendo seguida y vigilada antes de ser asesinada por la hermana y cuñado del ex diputado provincial.

Además de los Aparicio, otras dos personas están acusadas de ser autores intelectuales del crimen de Ledesma. Son los prófugos Reynaldo Delfín Castelo y Raúl Castelo, buscados por la Interpol por su vinculación con el asesinato y por ser los jefes de un poderosísimo grupo de narcotraficantes.

De acuerdo a la investigación, María Gabriela Aparicio, hermana del ex diputado, fue el nexo para que los prófugos contrataran a los presuntos asesinos, Aníbal Ceferino "Any" Tárraga y a Lino Abdemar Moreno, uno de los cuales es pareja de la acusada.

Mientras Diputados se comprometió a tratar el pedido de informes durante la próxima sesión y sin esperar el dictamen de Comisión, el fiscal José Luis Bruno, de la localidad de Orán, Salta, pidió que el caso fuera tratado por la justicia federal y exigió además que se inhibiera de actuar el actual magistrado a cargo de la causa, Nelso Aramayo.