Olivos Gate: Alberto Fernández se endeudará para cerrar la causa
El Presidente necesita cubrir los 1,6 millones de pesos que ofreció para culminar con la causa judicial por el escándalo en Olivos, donde se festejó el cumpleaños de Fabiola Yañez en plenas restricciones por la pandemia.
Olivos. La foto de la fiesta que negó Alberto cuando todo el país estaba en plena cuarentena. |
cedoc
Luego de que la justicia aceptara el arreglo económico propuesto por Alberto Fernández para cerrar la causa del "Olivos Gate", el Presidente pedirá un préstamo para poder solventarlo, ya que se trata de una suma millonaria que, de acuerdo a su declaración jurada, no podría abonar.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, decidió finalmente aceptar el dinero en forma de donación que el Jefe de Estado ofreció para dar por terminada la causa por la fiesta en la Quinta de Olivos. en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El hecho ocurrió durante el cumpleaños de Fabiola Yañez, en julio del 2020, mientras regían las restricciones por la pandemia del coronavirus para todo el país. La primera dama también tomó la misma postura que Fernández y decidió abonar una suma para cerrar el caso a un valor de 1,4 millones de pesos.
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Esta semana también se conoció que el jefe de estado tomará un empréstito del Banco Santander, según afirmó Noticias Argentinas. El monto que pautó pagar el Presidente alcanza 1,6 millones de pesos.
"En el caso del Presidente es un monto que equivale a comprar un respirador", había dicho en redes sociales la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, respecto al mecanismo económico para abonar la donación.
Posteriormente al dictamen favorable del fiscal Domínguez, resta la homologación por parte del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para cerrar el capítulo judicial que envuelve al jefe de Estado y a Yañez.
Las donaciones ofrecidas por el Jefe de Estado y su pareja se califican como “reparaciones integrales”, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, la cual requiere que las ofertas sean aceptadas por un fiscal y homologadas por un juez para la posterior extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
La Fundación Apolo, representada por el funcionario porteño Yamil Santoro, se mostró en contra del fallo y se presentó como querellante. “Alberto Fernández vulneró su propio decreto al intentar solucionar su infracción con dinero”, escribieron en un comunicado.
Además, acusaron al Presidente de "frenar con dinero un juicio de estas característica".
