Fernando Domínguez, el fiscal federal de San Isidro, aceptó la donación propuesta por el presidente Alberto Fernández para cerrar la causa por la “Fiesta VIP” que se realizó en la Quinta de Olivos durante el periodo de confinamiento estricto impuesto por la pandemia de Covid-19 en julio del 2020.
La propuesta económica planteada por la primera dama Fabiola Yáñez también fue aceptada por el fiscal, de forma que la pareja presidencial se encuentra muy cerca del sobreseimiento.
En el caso de Alberto Fernández, el mandatario ofreció cerrar la causa a cambio de donar la suma de $1,6 millones a instituciones médicas. Tras la aceptación por parte de Domínguez, sólo resta que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo, una vez realizado este paso, la acción penal quedaría extinta. Fabiola Yáñez, por su parte, propuso donar $1,4 millones, oferta que también fue aceptada.
Las donaciones ofrecidas por el Jefe de Estado y su pareja se califican como “reparaciones integrales”, un recurso previsto en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, la cual requiere que las ofertas sean aceptadas por un fiscal y homologadas por un juez para la posterior extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Según señalaron fuentes judiciales a Todo Noticias (TN), el acuerdo con el fiscal fue sellado al momento en el que se presentaron las ofertas económicas. Fueron los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo quienes acordaron la cifra a abonar en carácter de donación.
Antes de partir rumbo a Europa, Alberto Fernández le habría pedido a los letrados que lo asesoran que agilizaran las negociaciones con el fiscal Domínguez, con el objetivo de cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños “clandestina” realizada en la residencia presidencial.
Por otra parte, Clarín señaló que el mandatario estaría analizando la posibilidad de solicitar un crédito que le permita abonar las donaciones económicas que él y su esposa enfrentan para cerrar la causa en caso de que estas “reparaciones” sean aceptadas por el juez. Entre ambos el monto a pagar se eleva a los $3 millones.
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