A Julio De Vido sólo le queda lanzarse a su suerte: a punto de ser expulsado de la Cámara de Diputados por “indignidad moral”, el ex ministro kirchnerista pidió que un tribunal popular lo juzgue por la tragedia de Once, donde deberá dar explicaciones por su responsabilidad política en la muerte de 51 personas. Sostiene que es “la única forma de tener un juicio” con posibilidad de “una sentencia libre de sospechas vinculadas con las necesidades coyunturales de un gobierno”. No es poco a lo que se arriesga: podría ser condenado a una pena de 11 años de prisión si lo encuentran culpable, señalaron a PERFIL fuentes judiciales. Lo curioso es que la práctica de jurados populares está prevista en la Constitución Nacional, pero no está reglamentada para casos que tramitan en la Justicia Federal. Precisamente, es el Congreso –que aún integra De Vido– el que debería implementarlo. Y, según pudo saber este diario, no está previsto hacerlo por el momento para satisfacer las pretensiones del ex funcionario kirchnerista.
El 22 de febrero de 2012, un convoy del ferrocarril Sarmiento se estrelló al llegar a la estación de Once. Hubo 51 muertos. En febrero de 2014, 28 acusados comenzaron a ser juzgados. En diciembre de 2015, 21 terminaron condenados: la pena más alta (nueve años) fue para Sergio Cirigliano, ex responsable de TBA. A los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime les dieron ocho y seis años, respectivamente. El maquinista Marcos Córdoba recibió tres años y medio de cárcel. Ninguno fue preso, aunque Jaime está tras las rejas por otras causas. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si confirma aquella sentencia. Los familiares aún esperan que se fije una audiencia.
Aquel fallo dejó en claro la necesidad de juzgar las responsabilidades políticas de De Vido y uno de sus funcionario clave, Gustavo Simeonoff, a cargo de renegociar los contratos ferroviarios. Tras idas y vueltas, el Tribunal Oral Federal 4 quedó a cargo del debate y habilitó la feria judicial para apurar las pruebas. A principios de agosto, estará en condiciones de poner fecha al inicio del segundo juicio. De Vido podría estar sentado en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral.
Fue en ese marco que De Vido pateó el tablero: sus defensores, Adrián Maloneay y Julio Virgolini, le pidieron ayer al TOF 4 una pericia con técnicos internacionales para demostrar que “el tren estaba en condiciones de frenar”, dijeron a PERFIL fuentes judiciales. Y para garantizarse “un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas”, De Vido reclamó ser juzgado por ciudadanos comunes, “un tribunal que no se vea sometido al inédito nivel de presiones que los poderes Ejecutivo y Legislativo vienen ejerciendo sobre el Judicial”.
“Está loco –comentaban en los pasillos de tribunales–. Primero porque el mecanismo no existe; segundo, porque un tribunal popular lo destroza. No son papeles, son los muertos de Once”. La repuesta está en manos de los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez. Pero fuentes judiciales y parlamentarias indicaron que la posibilidad de constituir un debate por jurados para el fuero federal no está reglamentada, como sucede para otros crímenes en Buenos Aires o Córdoba. “Hay varios proyectos en el Congreso, uno de los más antiguos es mío. La Constitución lo tiene previsto pero nunca pudimos sacar una ley que lo haga operativo”, precisó la diputada del FR Graciela Camaño. Su par de Cambiemos Silvia Lospennato dejó en claro que no está en los planes del oficialismo reglamentarlo ahora. “El kirchnerismo tuvo 12 años una escribanía en el Congreso para aprobarlo y no lo hizo. No pueden pedir eso ahora. Que no nos tomen el pelo”, opinó en diálogo con PERFIL.
“Esto es un manotazo de ahogado –dijo a este diario María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las víctimas–. Es una demostración más de que De Vido no quiere presentarse ante la Justicia. En lo personal, me da igual que sea juicio por jurado o que sea el TOF 4. Las pruebas están. Por eso le da miedo al ex ministro. El mismo miedo a la Justicia que le tuvo siempre”.
Randazzo, ¿testigo?
Sea ante un jurado popular o ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Julio De Vido deberá dar explicaciones por los delitos de descarrilamiento culposo y defraudación contra la administración pública.
Como ambos delitos se llevaron adelante juntos, en concurso real, el fiscal Juan García Elorrio está en condiciones de pedir una pena de hasta 11 años de prisión si comprueba en el debate que el ex ministro fue culpable, indicaron a PERFIL fuentes judiciales. La pena superaría la recibida por el empresario Sergio Claudio Cirigliano, dueño de TBA, en el primer juicio de Once. Entonces, recibió nueve años.
De cara al juicio, el tribunal recibió los planteos del fiscal, y la querella de la Oficina Anticorrupción, de los familiares y de las defensas de los dos acusados. Mientras la OA solicitó 53 testigos y el Ministerio Publico unos 60, otros querellantes reclamaron citar más de 200 personas. En la nómina aparecen el ex ministro y precandidato a senador Florencio Randazzo, la diputada Margarita Stolbizer, la legisladora y candidata Graciela Ocaña, el ex ministro de Economía Miguel Peirano, el actual gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el ex funcionario de Planificación Rafael Llorens.
Once: De Vido enfrenta una pena de hasta 11 años y pide juicio por jurado
Mientras se decide si lo expulsan del Congreso, el diputado intentó instalar un pedido para ser juzgado por ciudadanos y no por la Justicia. El sistema ni siquiera está reglamentado en el fuero.
