Los padres de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas fatales de la tragedia de Once, acusaron funcionarios del gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a empresarios de TBA, de conformar una asociación ilícita que provocó el accidente.
En el marco del juicio que se desarrolla por la tragedia, los familiares del joven reclamaron al juez Claudio Bonadío que todos los acusados por el accidente sean juzgados por estrago doloso, defraudación a la administración pública y asociación ilícita, con pena máxima de 21 años de prisión.
El 22 de febrero de 2012, una formación del Ferrocarril Sarmiento chocó contra la estación de Once, provocando la muerte de 51 personas y al menos 700 heridos. Lucas Menghini permaneció 57 horas desaparecido, hasta que fue hallado en uno de los vagones dos días después. Luego se determinó que había muerto en el acto.
Las acusaciones incluyen a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; los ex funcionarios del área Antonio Guillermo Luna, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro; y empresarios de Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo de la concesión de la línea Sarmiento al momento del accidente. Quedó exceptuado el maquinista Marcos Antonio Córdoba, para quien reclamaron la carga de estrago doloso.
El texto de la querella imputó como jefes de la asociación ilícita a los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Marcelo Alberto Calderón; y como organizadores a Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Alvarez y a los ex funcionarios Schiavi, Jaime, Luna, Ochoa Romero y Sícaro.
Como miembros de la asociación ilícita acusó a Guillermo Alberto D'Abenigno, Jorge Alberto De Los Reyes, Alejandro Rubén Lopardo, Carlos Esteban Pont Vergés, Daniel Fernando Rubio, Víctor Eduardo Aatrella, Oscar Alberto Gariboglio, Francisco Adalberto Pafumi, Pedro Roque Raineri, Roque Angel Cirigliano, José Doce Portas, Laura Aída Ballesteros, Antonio Marcelo Ricardo Suárez, Miguel Werba, Daniel Guido Lodola y Luis Alberto Ninoná, según el texto publicado por la agencia DyN.
"La asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en TBA y los ex funcionarios públicos, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional, generaron una cadena de la felicidad", asegura la querella presentada por los familiares de Lucas.
Esa "cadena de la felicidad" estaba "destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Claudio Cirigliano y el grupo Plaza, y finalmente destinadas a maximizar sus ganancias personales más allá de toda avaricia posible", agrega el texto.
Dicho accionar "sólo fue posible por la inacción de los organismos de control y de los funcionarios que con competencia administrativa específica en el área de transporte no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer", completó.
"La magnitud del suceso fue posible con la complacencia deliberada, o mejor dicho complicidad, de los ex funcionarios públicos", cuya "participación entonces no es otra que facilitar la llegada del dinero, y luego controlar mal, o no controlar, las dos variantes sin siniestras", sostiene la querella.
"Los cinco ex funcionarios públicos procesados en la presente causa han sido quienes debieron controlar que no se manipularan los fondos públicos a favor del administrador del servicio, más allá de su lógica ganancia por su tarea, y es de público y notorio que conocieron -por sus funciones- la red empresaria urdida a fin de generar mayores ganancias en detrimento de los dineros públicos", concluye el texto.
