"Este proceso de actualización del Poder Judicial es un paso inédito en la Argentina. Por primera vez se abre un debate sobre un poder que no es electo por el voto popular, que tiene un déficit democrático de origen", estacó el ministro de Justicia Julio Alak. Fue durante el "Congreso Nacional sobre la Democratización de la Justicia", del que participan, entre otros, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, Abuelas de Plaza de Mayo y diversos funcionarios del gabinete nacional.
El ministro anticipó que tras la aprobación de las leyes que componen la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, el Gobierno enviará al Congreso reformas a los Códigos Penal y Civil, y Comercial. "Necesitamos crear mecanismos para que la democracia penetre en el Poder Judicial", resaltó, y sostuvo que "las seis leyes (de reforma judicial) sólo son el inicio".
Alak anunció también que, tras la aprobación en el Congreso, el Poder Ejecutivo se propone "llevar a la prácticas" las leyes que componen la reforma judicial, entre ellas la reforma del Consejo de la Mgistratura, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la reglamentación del ingreso "democrático" al empleo judicial.
"El poder económico, cuando no pudo parar el aluvión del pueblo, destruyó la democracia, y ahora que no pueden utilizar las Fuerzas Armadas utilizan los medios concentrados de comunicación que son los que descalifican la democratización de la justicia", dijo Alak en la Universidad Nacional de La Matanza, donde se lleva a cabo el Congreso que organiza su ministerio.
Por su parte, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, destacó que "la Presidenta puso en debate una cuestión que hacía 30 años tenía pendiente la democracia argentina". El diputado destacó que "de lo único que no se hablaba era del Poder Judicial".
Además del ministro de Justicia, participan distintas figuras del arco oficialista: el ministro de Eduación, Alberto Sileoni; el titular del CELS, Horacio Verbitsky; el vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.
