El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy medidas de prueba preliminares antes de dictaminar en la denuncia que el gobierno porteño radicó contra la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y al jefe de la Policía Federal, comisario Enrique Capdevila, por el levantamiento de las custodias policiales en escuelas, hospitales juzgados y dependencias de la Ciudad.
Fuentes judiciales informaron que en su solicitud el fiscal le pidió al juez Norberto Oyarbide que intime a los Ministerios de Seguridad de la Nación y la Ciudad a que envíen copias certificadas de las comunicaciones que mantuvieron antes y durante el conflicto por la finalización del convenio de 2006 sobre los adicionales de la Policía federal que prestaron para la Ciudad.
Recién cuando tenga esa documentación en su poder y pueda analizarse, agregaron las fuentes, Di Lello se pronunciará sobre si existió o no delito en la cancelación de las custodias dispuesta por la ministra Garré, informó la agencia DyN.
A raíz de aquella decisión, el Procurador General porteño, Ramiro Monner Sans, siguiendo instrucciones de Macri denunció penalmente a Garré y al jefe de la Federal por el supuesto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Irrupción de Gallardo. El juez porteño Roberto Gallardo, conocido por sus incómodos fallos contra el gobierno macrista, pidió esta vez a la Ciudad que elabore un plan de "implementación inmediata" que incluya un "protocolo de atención del SAME y la protección de efectores y usuarios de los servicios de atención primaria en centros de salud y hospitales" a raíz del conflicto por la falta de custodia de la Policía Federal.
El magistrado realizó el exhorto por una denuncia de usuarios prejudicados por la falta de seguridad, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
