Este viernes se sumó un nuevo capítulo a la novela entre Patricia Bullrich y el gobierno nacional, en vistas de que la titular del PRO presentó un informe ante la ONU en contra del plan de vacunación del gobierno argentino contra el Covid-19, en base al supuesto de que "no cumple los estándares de protección de los derechos humanos en el marco de la pandemia".
"La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. Se privilegió a quienes forman parte del partido de gobierno. A la vez, la información es prácticamente nula y la población no tiene acceso a la misma", señaló Patricia Bullrich en un comunicado de prensa donde anunció la presentación del informe de la que formaron parte diputados y senadores de Juntos por el Cambio.
Enviamos a la ONU un informe sobre la administración de las vacunas en Argentina. La falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los argentinos no tenemos ni respuestas ni transparencia. Hilo👇https://t.co/bGzyXg0XqG
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 4, 2021Esto no le gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
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Según lo detallado en el informe, las denuncia abarca, por un lado, la distribución de las vacunas, que incluye operativos de logística, transporte y e "irregulares dispositivos de inmunización". “Los vacunatorios vip, los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial, están detallados en el informe, así como la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios que incumplen los criterios humanitarios y universales de vacunación”, detalla.
Por otro lado, denuncia un supuesto favoritismo respecto de ciertos laboratorios en la adquisición de las dosis de vacunas contra Covid-19, “con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder”, tales como los empresarios Hugo Sigman (AstraZeneca-mAbxience y Sinopharm y Sinergium Biotech) y Marcelo Figueiras (Sputnik V y Laboratorios Richmond). Además, criticó la presunta solicitud de mínimas dosis al fondo Covax o la suspensión de las negociaciones para la compra de las demás vacunas reconocidas internacionalmente.
Según la ex ministra de Seguridad, el manejo de la vacunación por parte del gobierno “ha llevado al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales, y la decisión de mantener regímenes de restricciones de derechos y aislamientos obligatorios”.
La denuncia es en base a Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Covid-19, que establece los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación en el proceso de vacunación. El informe fue enviado por mail ante el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidido por la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
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Por su parte, la ex ministra de Seguridad señaló en el comunicado de prensa que "la falta de transparencia e información clara nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana", en referencia al motivo de la denuncia. Al respecto, si la intención es servir de "alerta temprana", esto es algo que en principio no tendría ningún efecto considerando que existen ciertos requisitos para que las denuncias contra los países prosperen y sean respondidas, considerando la gran cantidad de solicitudes que reciben a diario.
Según la respuesta del organismo presidido por Bachelet a la titular del PRO, este tipo de denuncias son respondidas solo si se cumplen con alguno de los siguientes requisitos:
- Se refiere a un caso que parece revelar un patrón constante de violaciones graves y comprobadas de manera confiable.
- Da una descripción fáctica de las presuntas violaciones.
- Se refiere a un caso en el que se han agotado los recursos internos del país, a menos que parezca que tales remedios serían ineficaces o se prolongarían injustificadamente.
