Miguel Piedecasas abandonará el próximo 18 de noviembre su mandato de cuatro años al frente del Consejo de la Magistratura, con buena parte de la gestión en coincidencia con el gobierno de Mauricio Macri. En una entrevista con PERFIL, este abogado y notario oriundo de Rojas, provincia de Buenos Aires, consideró que ya es momento de hacer balances y, según dijo, entre sus máximos logros figura la resolución de “más de 300 ternas” de selección de jueces “contra 45 de la gestión anterior, lo que implica un 600% más de rendimiento”. Sin embargo, fue cauteloso al evaluar por qué no avanzaban los procesos en el período anterior: “Creo que en algún momento la dirigencia se encontró cómoda con una ley de subrogaciones inconstitucionales y había un 30% de la Justicia que estaba en estado de vacancia. Se declaraban subrogantes a través de una ley que era inconstitucional y así fue declarada”. Sin mencionarla de manera directa, Piedecasas se refirió así al mecanismo que se había hecho rutinario durante el gobierno de Cristina Kirchner en el que se frenaba la confección de las ternas para la selección de jueces para controlar un esquema de magistrados subrogantes. Durante la semana, el saliente titular del Consejo de la Magistratura encabezó la XX Cumbre Judicial Iberoamericana, donde compartió la apertura con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Allí, ambos hablaron sobre la independencia del poder y el condicionamiento que imponen los recursos. “Es difícil sostener la independencia sin una autonomía económica y financiera absoluta”, dijo Piedecasas, a lo que Rosenkrantz adhirió al resaltar que “no hay dudas que una carrera judicial con una asignación transparente de recursos evita la corrupción y promueve la independencia de los otros poderes del Estado y de los poderosos”. Sobre ese aspecto, Piedecasas explicó a PERFIL “si se tiene que requerir del auxilio de otros poderes o de otros aportes del Tesoro Nacional, difícilmente la independencia en lo teórico se alcance. Hoy estamos en un nivel de autarquía, que no es autonomía, y eso nos coloca en una situación de necesitar aportes”. No obstante, se ocupó de aclarar que “aquí en el Consejo no se ha vivido interferencia alguna de ningún otro poder, ni del Legislativo ni del Ejecutivo, no hay lugar a que exista interferencia cuando estamos funcionando a pleno”, dijo al ser consultado sobre una posible presión sobre el Poder Judicial para que aliente o frene causas de corrupción, como el caso de los cuadernos, con la mira en el 2019. Por último, Piedecasas se expresó en contra de la iniciativa parlamentaria para que jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial en su totalidad sean incorporados al régimen del Impuesto a las Ganancias. “En 2016 se aprobó una ley para modificar el tributo, de acuerdo al modelo estadounidense de incorporación gradual, y yo estaba de acuerdo con la solución. Lo que sucede es que hay una cautelar, entonces no podemos evaluar si la ley produce efectos satisfactorios. Se adoptó un modelo que es razonable, pero hay que dejarlo funcionar”, en alusión al sistema que incorpora únicamente a los jueces designados después del 1° de enero de 2017, dejando afuera a la inmensa mayoría del Poder Judicial.
