Durante esta semana movilizada por hechos que no sólo se convierten en un duelo nacional, sino también en conceptos de fuerza moral conversamos largamente con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.
Como titular del Servicio de Paz y Justicia cuestionó, por ejemplo, la sanción de la Ley Antiterrorista promovida a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advirtiendo, al mismo tiempo, sobre la represión policial desatada en localidades de Catamarca que protestan contra la minería.
—Mire, explica Pérez Esquivel, nosotros nos oponemos a la Ley Antiterrorista por varias razones, pero básicamente porque es el control social y tiene que ver con el GAFI justamente para asegurar las inversiones en el país. Pero esto es a costa del derecho del pueblo.
—Cuando usted dice “nosotros”…
—Me estoy refiriendo no solamente al Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), sino también a muchas otras organizaciones no sólo de derechos humanos ( le diré también que algunas ni siquiera tocaron el tema). Sin embargo, estos hechos hacen peligrar movimientos sociales, ya que esta ley puede ser aplicada como ocurre en Chile con los mapuches y el derecho a la tierra y también en Paraguay. Esto daña profundamente lo que debe ser la construcción democrática. Incluso me recuerda a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque se aprueba a ojos cerrados, sin ningún tipo de debate en la sociedad.
—En ese caso, fue una falta de respeto hacia el informe “Nunca más”.
—Claro. Es una falta de respeto al pueblo, y no deja de asombrarnos la celeridad con que se aprobaron todas estas leyes en los últimos días del año con un apuro terrible cuando, por ejemplo, desde la reforma constitucional del año 1994 hasta el día de hoy no se ha votado el tema de las consultas populares en los plebiscitos. Fíjese que es un derecho constitucional que no podemos ejercer porque si llamamos a un plebiscito, no es vinculante. Pero, sobre todo, nos llama la atención y nos preocupa el polémico Proyecto X que ha puesto en marcha la Gendarmería Nacional con prácticas de espionaje a dirigentes políticos y sociales. Sobre esto, creo también que hay algunas cosas que debemos analizar. Porque una cosa es la fuerza de seguridad que, como en el caso de las Fuerzas Armadas, debe tener información. Sería ingenuo pensar que no tiene cómo manejar la fuerza de seguridad en un país desprovisto de toda información. Esto es una cosa y otra, el espionaje.
—¿Cómo lo definiría?
—El espionaje se infiltra en los movimientos sociales y cumple un trabajo operativo. Y esto ya constituye otro problema que está prohibido por la ley. Sería necesaria la autorización de los jueces para realizar las acciones que significan un verdadero espionaje. Entonces, no confundamos lo que debe ser información con espionaje. Creo que esto debe estar claramente diferenciado. Por otra parte, refiriéndome a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, le repito que es una persona que me merece confianza por todo el trabajo que viene realizando dentro de las fuerzas de seguridad, en cuanto a cambios que no son fáciles. Junto con Hugo Cañón, yo soy presidente de la Comisión Provincial de la Memoria en la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos específicamente sobre cárceles y comisarías y también nos encontramos con hechos de tortura. Con picana eléctrica, por ejemplo….Lo hemos denunciado, por supuesto, y ha intervenido la Provincia, puesto que ésas no son políticas de gobierno. Son prácticas.
—¿Podríamos llamarlas “rémoras”?
—Claro. Y quedan insertas en la vida institucional de las distintas fuerzas y… ahí quedan. Entonces, la pregunta es: ¿cómo destrabar esto?. Ciertamente no es fácil porque requiere educación, comportamiento. Por eso la Comisión Provincial de la Memoria (y me parece bien que le gobiernador Scioli lo haya tomado) ha presentado un proyecto acerca de la formación de la Policía Judicial. O sea que la Policía Judicial con otra formación y dependiendo de la Corte Suprema de Justicia pueda actuar en todo lo que son sumarios; evitar que se “armen” las causas; ejercer un control sobre cómo se hacen los sumarios, cómo se confeccionan. Y le explico por qué: sobre esto, luego, se basarán los jueces y, entonces, lo que debemos intentar es ayudar al fortalecimiento de las instituciones. Es la única forma de fortalecer la democracia.
—¿Usted cree, Pérez Esquivel, que la Justicia tiene conciencia del peso social que significan las enormes demoras que observamos en las causas?
—Sí, claro. Venimos trabajando en esto. No puede ser que haya gente que, durante tres o cuatro años, tenga prisión preventiva. Más del 60% de los internos en las cárceles tienen prisión preventiva. Entonces, los equipos del Comité contra la Tortura tratan de analizar y evitar estas demoras. Pero también debo decirle que no podemos considerar las cosas en forma aislada: el Poder Judicial en sí (más que la Justicia como tal) tambien necesita una reforma en lo interno y una agilización de las causas porque esto no es posible. Fíjese que de este modo se está violando el Pacto de San José de Costa Rica, que determina que sólo por dos años se puede mantener a un detenido sin proceso. Pasando este lapso, debe ser puesto en libertad. Bueno, esto aquí no ocurre Hay gente que hace cuatro o cinco años que se encuentra en esta situación. Hasta hemos encontrado a algunos con siete años de prisión con preventivas. Y si esa persona es inocente, ¿qué pasa?
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