El Tribunal Oral Federal número 7 avanza en el juicio oral contra Katya Daura, la ex jefa de la Casa de la Moneda durante la gestión de gobierno de Cristina Kirchner y Amado Boudou, y esta semana está previsto el alegato de las defensas de los acusados por “peculado de servicios”.
Daura está en el banquillo por la la contratación de un servicio de seguridad privada que pagó la Casa de la Moneda, destinado a su protección y la de su familia, que incluía turnos rotativos durante las 34 horas y 6 vehículos. Los fiscales consideraron que el perjuicio causado al Estado por el pago de ese servicio privado merece una pena para Daura de cinco años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de devolver al Estado un resarcimiento de casi cien millones de pesos.
La defensa de Daura presentará su alegato la próxima semana, el lunes 29 de mayo, y luego lo harán el resto de las defensas de los otros acusados en la causa, mientras el juicio encara su recta final y debería tener veredicto en los primeros días de junio. Como se sabe, Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone que fue la compra ilegal de esa imprenta privada, la única habilitada para imprimir billetes y luego estatizada por Cristina Kirchner.
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El fiscal adjunto Gabriel González Da Silva fue el encargado de pedir las penas ya mencionadas para Daura y solicitó además condenas de tres años de prisión en suspenso para otros dos ex funcionarios de la Casa de la Moneda, el asesor de seguridad Mario Enrici y el gerente general Raúl Desmarás.
Según la acusación fiscal, entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015 la Casa de la Moneda contrató un “plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes-custodios para traslado de ella y su familia”.
El servicio incluía “un sistema de seguimiento satelital a seis rodados, como también, la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio personal de la imputada”.
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Los imputados, señaló el fiscal en su alegato acusatorio, “llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”.
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La operación –agregó el fiscal- generó un “perjuicio patrimonial al Estado por 5.511.166,51 pesos”, cifra que actualizada trepa a 98.090.716,24.
El fiscal general pidió para los tres imputados la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y en el caso de Enrici y Desmarás, tareas comunitarias.
“Emplearon caprichosamente en provecho de Daura, sin justificación expresa para el caso concreto y sin agotar la posibilidad de acudir a otros recursos estatales, servicios de seguridad pagados con fondos de la Casa de la Moneda”, sostuvo el fiscal.
JD / HB
