Desde que salieron a la luz las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial, no pararon de surgir novedades que complicaron la situación de Aldo Tonón, el directivo imputado al que se lo investiga por supuestos desmanejos frente al organismo.
Ahora, la Justicia debe definir si hace un lugar al pedido de un sindicato que quiere que lo aparten de su cargo y, además, que se investigue si el ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda tiene alguna responsabilidad en el caso.
Tras una serie de allanamientos, una auditoría interna y varias maniobras del Máximo Tribunal para regularizar la grave situación en la que se encuentra el organismo, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) sumó un nuevo capítulo a la historia. Es que a través de un escrito pidieron a la Justicia que los acepte como querellantes por considerarse damnificados de los supuestos desmanejos de Tonón.
A propósito, sostienen que las presuntas irregularidades cometidas por la conducción de la Obra Social se han traducido en que la institución "no ha brindado la cobertura adecuada, configurándose una situación en detrimento de nuestros afiliados".
No sólo eso: también quieren que el directivo sea apartado de la Obra Social a la que asiste diariamente aunque con sus funciones recortadas por decisión de la Corte, que a su vez designó a otros directivos para completar las vacantes en la conducción.
Al respecto, le dijeron al juez Daniel Rafecas que la continuidad de Tonón en el organismo "constituye un verdadero atropello a los derechos de los trabajadores judiciales, con cuyos aportes se habrían cometido un número de delitos que desconocemos hasta el momento".
En el caso de Maqueda, además, pidieron que se lo incluya a la investigación para que se determine si tuvo algún grado de responsabilidad en el derrotero estructural de la Obra Social del Poder Judicial.
El escrito, que lleva la firma del secretario general Agustín Bruera, apunta directamente contra el cortesano al sostener que no habría cumplido con su función y deber de fiscalización sobre el organismo, "sino que además en virtud del manejo efectivo que el nombrado tuvo mediante la designación de personal de su confianza". Tonón era, al menos hasta que estalló la investigación, sindicado como un hombre de fuerte vínculo con el ministro.
La evaluación de la Justicia
El escrito ya llegó a Comodoro Py y el juez se lo remitió al fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la causa.
Fuentes con acceso al expediente indicaron a PERFIL que el representante fiscal tiene que decidir si hace o no lugar al pedido del Sitraju para ser parte de la querella y, por otro lado, definir la suerte de Tonón en el organismo. También debe pronunciar su postura respecto de si amerita que la causa se amplíe hacia a Maqueda.
En Comodoro Py dicen que si bien no hay plazos legales para que haya una decisión de Rívolo, confían en que "no va a demorar", sin dar mayores señales del sentido de su determinación.
Los supuestos desmanejos de Tonón ya comenzaron a ser investigados hasta por la propia Corte Suprema, que ordenó que se haga una auditoría interna. Para ello designó al secretario general de Administración, Daniel Marchi, quién elevó un informe con resultados demoledores.
En términos económicos, la auditoría concluyó que la información a la que se accedió fue parcial ya que la institución no cuenta con una herramienta de gestión de la información financiera adecuada “para dar una respuesta oportuna”. La situación presupuestaria no se pudo conocer debido a “la ausencia total de la práctica presupuestaria institucional”.
Una vez que se conozca la decisión del fiscal Rívolo, este le remitirá las actuaciones a Rafecas, quien tendrá que decidir si le hace o no lugar.
A modo de contexto, vale recordar que la causa se inició en septiembre pasado a raíz de la denuncia de un trabajador del organismo que derivó en un primer allanamiento por parte de la jueza María Eugena Capuchetti. El expediente después cayó en manos de Rafecas, a cargo de la subrogancia del Juzgado N°6. Con su firma, autorizó otros dos allanamientosque se hicieron en semanas anteriores para secuestrar material informático.
El objetivo fue avanzar en la pesquisa por uso indebido de materiales electrónicos y softwares con los que Tonón habría controlado los movimientos de algunos empleados con participación gremial y hasta de una trabajadora con la que habría tenido un vínculo sentimental.
