Con una orden judicial, la Policía Federal allanó este jueves 18 de noviembre, por tercera vez, la sede principal de la Obra Social del Poder Judicial. Fue en el marco de la investigación que tiene como imputado principal a Aldo Tonón. El directivo que responde al ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda está involucrado en una pesquisa por supuestos desmanejos en la entidad y presuntas maniobras de control y seguimiento de algunos trabajadores y trabajadoras.
Poco después de las 9 de la mañana los efectivos se hicieron presentes en la sede de la calle Lavalle, en el barrio porteño de San Nicolás. De acuerdo a lo que pudo saber PERFIL en base a fuentes judiciales, en este nuevo allanamiento se secuestraron celulares que son propiedad del Poder Judicial de la Nación y habían sido entregados por la institución a dos trabajadores de la Obra Social.
Qué dice el demoledor informe sobre la situación de la Obra Social del Poder Judicial
Con ese material, la Justicia busca realizar una extracción precisa de la información para determinar si existe algún elemento que pueda aportar a la denuncia por supuestas maniobras de seguimiento y control por las que se denunció a Tonón.
La orden de allanamiento fue firmada por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, los dos funcionarios judiciales que entienden en la causa. En ese expediente, el director fue imputado y se lo investiga por presunto delito de uso indebido de instalaciones y dispositivos para uso personal.
Tercer allanamiento
Con el operativo de esta mañana, la sede de la Obra Social de los Judiciales ya fue allanada tres veces en menos de dos meses. El primer operativo fue el 27 de septiembre pasado y fue ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti, que en ese momento estaba a cargo del Juzgado donde está radicada la causa.
Ese primer allanamiento generó sorpresa ya que hasta el momento se había mantenido un estricto silencio acerca de la investigación en la que ya aparecía Tonón como el principal investigado, y el operativo apuntaba a buscar información sobre supuestos desmanejos financieros.
Semanas después, el 29 de octubre, el juez Rafecas, ya con el control del expediente, ordenó el segundo allanamiento que se extendió desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 13. En ese operativo, según supo este medio, la Policía ejecutó una orden de recolectar archivos de cámaras de seguridad y sistemas informáticos.
Se trata de elementos que Tonón habría usado para controlar los movimientos de una agente de la Obra Social con la que tendría un vínculo sentimental. También habría sido víctima de las presuntas maniobras Francisco Gutiérrez, un delegado de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) sobre quien el hombre de Maqueda habría ordenado que se le intervenga una computadora y su correo electrónico.
Con el allanamiento de este jueves la Justicia busca avanzar en uno de los ejes que gira en torno a la supuesta contratación irregular de un software con geolocalizador que se habría instalado en los teléfonos celulares de uso laboral que estaban en manos de algunos trabajadores.
“Han llamado a declarar a algunos de los trabajadores que tenían el teléfono pinchado con un dispositivo de geolocalización con el que él (por Tonón) habría tenido acceso a lo que hacían fuera del entorno laboral”, reveló semanas atrás a PERFIL una persona al tanto de la investigación.
Mientras en investigado, Tonón concurre todos los días a trabajar al edificio de la calle Lavalle, que desde que arrancó la pandemia tiene una custodia de Gendarmería en la puerta. Sin embargo, quienes trabajan en el lugar sostienen que "casi ni sube a Dirección" y "se resguarda en el área de Jurídicos, casi como un exilio interno".
En Comodoro Py, en tanto, el fiscal Rívolo avanza en el análisis de las pruebas y en las próximas semanas debe decidir si lo llama a indagatoria.
Los desmanejos de Tonón, el hombre de Maqueda
Como se mencionó, Tonón también está apuntado por supuestos desmanejos administrativos y financieros en la entidad, algo que motivó una auditoría interna por orden de los jueces de la Corte Suprema.
Imputaron a Aldo Tonón, el hombre de Maqueda a cargo de la Obra Social de Judiciales
Ese proceso, que estuvo comandado por el secretario administrativo Daniel Marchi, arrojó resultados demoledores: la institución no cuenta con una herramienta de gestión de la información financiera adecuada “para dar una respuesta oportuna”, mientras que la situación presupuestaria no se pudo conocer debido a “la ausencia total de la práctica presupuestaria institucional”. También se buscó indagar acerca de supuestas irregularidades en licitaciones y contrataciones.
Desde que el escándalo estalló públicamente, la Corte reaccionó. Además de poner a la institución bajo el control de Marchi, un hombre del riñón del ministro Ricardo Lorenzetti, en las últimas semanas los cortesanos designaron a dos nuevos integrantes del Directorio.
Además de Tonón, que tiene sus funciones recortadas y hasta el momento no respondió las consultas de PERFIL, el 15 de octubre pasado se inició el proceso para completar los dos lugares que estaban vacantes en la conducción de la entidad con la designación del médico Mariano Althabe como director.
Se trata de un hombre que viene de ser secretario de Salud de la Municipalidad de Esteban Echeverría durante la segunda gestión del intendente Fernando Gray. También fue director médico de la Obra Social de Personal Marítimo, en cuyo sitio oficial todavía figura entre la nómica de autoridades.
Días después, el 5 de noviembre pasado, los ministros de la Corte también designaron a Cora Borensztein, una abogada que hasta hace pocos días era parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.
AS/ff
