Quién es y qué hizo Aldo Tonón, el hombre de Maqueda investigado por supuestos desmanejos en la Obra Social de Judiciales
La justicia lo investiga por supuestos desmanejos económicos en perjuicio de la institución. Resistido por trabajadores, fue desplazado ayer por acuerdo de la Corte Suprema.
Aldo Tonón, el desplazado administrador de la Obra Social de Judiciales. |
Cedoc Perfil
Aldo Juan Tonón parece desconocido. Lo es para quienes están afuera del mundo judicial. Sin embargo, puertas adentro, el hasta ayer titular de la Obra Social del Poder Judicial por más de una década es bien conocido: es que casi invisibilizados, los trabajadores y trabajadoras judiciales se quejan desde hace varios años de supuestos desmanejos, ineficiencia en la cobertura médica y escasa respuesta a los planteos. Todos los reclamos tienen como destinatario al hombre que llegó de la mano del ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda.
Con alrededor de 70 años, el “doctor Tonón”, como le dicen quienes lo respetan, llegó a la Obra Social del Poder Judicial gracias al supremo, con quien comparte una relación de amistad desde hace décadas. Uno de los puntos que los une es la simpatía por las ideas del Partido Justicialista.
Este lunes 29 de septiembre, la sede de la calle Lavalle de la Obra Social de Judiciales fue epicentro de unallanamiento ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti, episodio que dejó a las claras la existencia de una causa judicial en contra del ahora ex administrador. Sin embargo, del expediente se conoce poco y nada: la magistrada estaría investigando la presunta malversación de fondos y un supuesto esquema de “afiliados VIP”.
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Hasta ayer, la existencia de la investigación era algo que sabían contadas personas, y el hermetismo era tal que nada se filtró a los medios de comunicación, a diferencia de lo que suele ocurrir con otras denuncias contra personajes de la política que llegan a los tribunales federales.
Algo similar ocurre con la información disponible sobre la gestión de Tonón, que es casi nula: algunos convenios con el Consejo de la Magistratura, su supuesta negativa a que se use dinero de un abultado fondo anticíclico para atender la urgencia de la incipiente pandemia allá por principios de 2020 y cartas públicas de trabajadores y trabajadoras señalándolo por su inacción y responsabilidad en la mala calidad de las prestaciones.
La situación en la Obra Social del Poder Judicial
La investigación que lo tiene en el centro de la escena también impacta en Maqueda. El supremo estaba vinculado indirectamente con el manejo de la Obra Social a través de su hombre de confianza, que era la única autoridad publicitada de manera oficial por el organismo.
Sin embargo, después del allanamiento, los cinco supremos se pusieron de acuerdo ayer en sacarle el control de la institución y ponerla en manos de la Secretaría General de Administración de la Corte. La rápida jugada contó con el apoyo de los cinco miembros del Máximo Tribunal en la primera reunión luego de las elecciones del jueves pasado en las que se definió a Horacio Rosatti como nuevo presidente y asomó un cuerpo fragmentado.
“Para un mejor cumplimiento de los propósitos, misiones y finalidades de la Obra Social, resulta conveniente modificar el artículo 1° del Estatuto a fin de establecer que actuará en la órbita de Secretaría General de Administración de esta Corte”, determinaron. A partir de ahora, la institución estará a cargo de Daniel Marchi, un hombre de las filas de Ricardo Lorenzetti.
Tras del estallido del conflicto que significó que efectivos de la Policía Federal ingresen al edificio de la Obra Social en búsqueda de material contable y administrativo de interés para la investigación, algunos trabajadores afiliados coincidieron ante una consulta de PERFIL en decir que “nuestro reclamo por la situación de la Obra Social es histórico”.
Las quejas apuntan a que la forma de gestionar de Tonón mantendría afectada desde hace tiempo a la calidad de las prestaciones. “Es un organismo viejo, vetusto. Si tenés algún tratamiento que requiera un mínimo de complejidad siempre hay que reclamar. Después, en el interior del país hay mucha escasez de prestadores, de servicios y se demoran muchos años en generar cartillas”, dijo uno de los cerca de 70 mil afiliados.
Los encargados de canalizar todos los inconvenientes fueron varios de los gremios de judiciales a través de notas, cartas y solicitadas. “Hay un manejo discrecional de la institución que se tiene que regir por la Ley de Obras Sociales que plantea participación de los trabajadores y trabajadoras, y un Consejo de Administración. Acá no hay nada, el único administrador es o era Tonón”, dijo a este portal Agustín Bruera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).
En esa línea, el representante gremial dijo que “lo que vemos en la administración en general es que es oscura, no hay mucha transparencia en cómo se manejan los fondos”.
En 2013, la Corte Suprema creó bajo la órbita de la Obra Social manejada por Tonón un Fondo Anticíclico, a partir de la premisa de que la economía atraviesa ciclos en los que los recursos pueden variar de manera sustancial. Por eso, la iniciativa buscó equilibrar los fondos para garantizar el nivel de prestaciones en épocas de mayor crisis.
A propósito, Bruera sostuvo que “el ahorro de ese Fondo que tiene la Corte es millonario en dólares y en pesos, y ni siquiera se autorizó a usar para atender la emergencia de la pandemia de coronavirus”. A su vez, sostuvo que “a Tonón no se podía acceder de ninguna manera (…) y se nos bajaban órdenes para que, a diferencia de lo que sucede en otras Obras Sociales donde los conflictos se resuelven por amparo judicial, los judiciales no recurramos a esa vía”.
La gran incógnita que se abre es qué pasará con Tonón. También si el acuerdo para reordenar la Obra Social a partir del cambio de autoridades funcionará. ¿Vuelve la paz a la Corte?
