En el marco del escándalo por las escuchas ilegales, dirigentes de Coalición Cívica ARI, enviaron una carta al titular de la Comisión de seguimiento de los servicios de inteligencia de Estado, instando a que se articulen acciones para esclarecer estos hechos.
En la carta, el grupo de dirigentes explica que "es de trascendencia pública la participación de un agente o ex agente de la Policía Federal Argentina, Ciro Gerardo James, quien además de revistar en esa fuerza se encontraba contratado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires".
Al mismo tiempo, sostienen que a partir de la investigación de la Justicia, "se constató que durante su trabajo en el Ministerio de educación se registraron diversas comunicaciones con la empresa ARPA", que dirige el ex comisarío Jorge “Fino” Palacios.
En su pedido formal, los legisladores aseguran que "es imprescindible establecer quien o quienes violaron las leyes de inteligencia y de seguridad Interior" y sugieren citar a "los responsables de los organismos del Sistema de inteligencia Nacional involucrados en los casos mencionados" además de "solicitar informe a los organismos del Sistema de inteligencia Nacional a los efectos de establecer listado de agentes que realizan tareas de análisis (operadores tercerizados)".
En este sentido, se refieren a los hechos en los que podrían haber partipado agentes de inteligencia y recuerdan, por ejemplo, "las acusaciones realizadas contra del candidato y actual Legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera, por poseer cuentas en el exterior no declaradas de alrededor de 1,6 millones de dólares", diez días antes de que se realizaran las elecciones.
