La presentación hecha por Carrió, el diputado nacional Fernando Sánchez y el diputado provincial Guillermo Castello recayó por sorteo en el juez federal Julián Ercolini con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Los delitos aludidos son "apología del crimen, atentado contra el orden público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes, encubrimiento, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público".
Según la denuncia a la que accedió DyN, "los ilícitos habrían sido cometidos por la Sra. Procuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó y, eventualmente, por otros funcionarios que pudieron tener participación en los hechos que se denuncian".
La acusación surge de las palabras del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, quien "denunció el accionar de representantes del Ministerio Público, por un lado a una fiscal de primera instancia, Laura Mazzaferri, y por otro al fiscal ante la Cámara Federal Daniel Adler".
Carrió sostiene que, en palabras de López, ellos habrían tenido "actitud contraria a la búsqueda de la verdad atento que pretendía obstaculizar el camino" a la investigación del delito de intimidación pública.
La diputada recordó que Gils Carbó creó un equipo de fiscales para investigar las intimidaciones pero "nada habría hecho con la denuncia penal del juez Alfredo López", tras remarcar que el magistrado denunció un seguimiento ilegal contra su persona y que versiones aluden a la presencia de unos 60 agentes de inteligencia en Mar del Plata.
Carió remarcó que Adler "presidió el irregular Tribunal de Enjuiciamiento contra el fiscal José María Campagnoli en el año 2014", que tenía como objetivo, dijo, aleccionar al funcionario por haber intentado investigar al empresario Lázaro Báez, y sostuvo que fue "vox populi en esos días el alineamiento automático de Adler con Gils Carbó".
"En aquel momento nos enfrentamos a una conducta protagonizada por la Dra. Gils Carbó, quien pese a su deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, actuó gobernada por intereses contrarios a aquellos vinculados con las funciones para las que fuera designada", sostuvo la denuncia.
