Poco consenso legislativo para una fórmula de movilidad que juega en contra de los jubilados

La movilidad sobre los haberes jubilatorios que paga el Estado ya es Ley, pero ni siquiera los afiches sin firma que aparecieron temprano en el Microcentro porteño con varias caras pesadas, para ellos de triste recuerdo (Menem, Cavallo, De la Rúa), pudieron convencer al grueso de los jubilados. El primer reparo que puede hacerse sobre la Ley es que, por su importancia, debería haber contado con mayor consenso legislativo, sobre todo porque está en juego el futuro de los más viejos, quienes, en su mayor parte, se han quedado con un gusto amargo.

Es que los jubilados perciben que, si bien con la nueva legislación se avanza hacia un mejor escalón de beneficios, esta vez el pelotazo no les ha llegado desde esos rostros que "ahora mandan votar en contra", como rezaban los afiches, sino de quienes esta vez le han dicho que "sí" a esta movilidad previsional con muletas, que el oficialismo defiende desde lo que llaman "responsabilidad" en el cuidado de la caja.

Por empezar, el salto de los haberes, que se dará una vez cada seis meses, surgirá de una fórmula casi esotérica de actualización inventada en la Cámara de Diputados, relación que no sigue para nada el "caso Badaro" que hizo fallar a la Corte, dijeron los jubilados y la oposición, lo que podría alentar un pedido judicial de declaración de inconstitucionalidad.

Aquel precedente del Alto Tribunal ligaba el ajuste previsional a los salarios en actividad y no ocurre lo mismo con esta Ley, ya que el engendro matemático que se ha votado como Anexo tiene dos vertientes mezcladas, entre recaudación y salarios, aunque siempre deberá ser tomado el resultado menor, es decir el que resulte peor para el bolsillo del jubilado.

Primera resistencia, entonces, a quedar por debajo de cualquier proceso inflacionario. Más allá de la desconfianza hacia el propio INDEC, lo matemáticamente indiscutible es que la mecánica aprobada en el artículo 6 siempre hace correr a los jubilados desde atrás y ni siquiera la fórmula elegida consiente el promedio simple.

El segundo gran reparo es que la nueva Ley no contempla para nada el período de retroactividad, por lo que se descuenta que los Tribunales comenzarán a llenarse de demandas para reparar la omisión, por una suma que los expertos calculan en $ 20 mil millones anuales adicionales a los ajustes.

Por otra parte, como el nuevo índice se aplicará de ahora en más sobre una base que también será recurrida judicialmente, si la Corte vuelve a fallar en actualizar el pasado, como hizo en el "caso Badaro", los ajustes se seguirán acumulando. Un tercer elemento, ligado al anterior, lo constituye la virtual expropiación que han sufrido un millón de jubilados quienes ganaban más de $ 1.000 mensuales y tuvieron un ajuste de apenas 70% promedio, por debajo de la inflación del período 2001/2008, mientras que los que estaban en "la mínima" recibieron un porcentaje de 200%.

Otro punto en contra lo representa el hecho de que el primer salto de movilidad se llevará a cabo recién en marzo del año próximo. Desde el oficialismo se ha dicho que este año habrá un nuevo ajuste, el último discrecional del Ejecutivo, pero hasta ahora no se le ha podido sacar a ningún funcionario un porcentaje aproximado de lo que podría ajustarse el haber de acuerdo a tan resistida fórmula.

Por último, hay una situación que produce un escozar supremo entre los jubilados presentes y futuros, a partir de la constante financiación que la ANSeS hace con el Tesoro, práctica que muchos creen que podría terminar, una vez más, con la caja llena de títulos y sin dinero contante y sonante. Como con la inflación y los defaults, la historia económica de los argentinos no deja mucho margen para la ilusión, ya que en este tema también juega decidídamente en contra.