La designación del Procurador General de la Nación tiene distintos matices en cada país. Así, mientras en la Argentina el cargo lo mantiene mientras “dure su buena conducta”, en otros lugares el mandato tiene un plazo fijo determinado.
Por ello, un funcionario como Daniel Reposo -candidato del kirchnerismo para ser jefe de los fiscales- probablemente no podría acceder al cargo de la misma manera en otras democracias.
Así se desprende de un informe de Poder Ciudadano, en el que se recalca esta diferencia que existe en el proceso de selección y su duración en el cargo que se establece en nuestro país y los que rigen en otros, como España, Uruguay, Reino Unido y Estados Unidos.
El Argentina, el Procurador General es designado por el Poder Ejecutivo, con la posterior aprobación del Senado (se requiere una mayoría equivalente a dos tercios de sus miembros presentes). Además, goza de estabilidad en su cargo mientras dure su buena conducta y hasta la edad de setenta y cinco años según la reforma constitucional de 1994. Si alcanza el límite indicado, quedará sujeto a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo. Esta designación se efectuará por el término de cinco años, y podrá ser repetida indefinidamente, mediante el mismo procedimiento. Es decir, que el Procurador General en Argentina puede trascender el Gobierno que lo eligió.
En España, el candidato debe tener quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y en su nombramiento intervienen los tres poderes del Estado. La duración de su mandato es de cuatro años, y sólo puede ser destituido por causas legales.
En Uruguay, el candidato necesita una experiencia laboral de al menos cinco años dentro de la institución. Y tiene que ser nombrado con las 3/5 partes del senado.
En el Reino Unido, la tradición indica que el Procurador General es electo entre candidatos del Colegio de Abogados o algún miembro del Parlamento con destacables antecedentes en el campo del derecho.
Y en Australia, el Procurador es un miembro del Consejo Ejecutivo Federal y un ministro del Estado, pero no es un requisito constitucional que sea abogado.
