Por decreto. Esta herramienta utilizada de manera casi habitual por la expresidenta Cristina Fernández Kirchner ahora también es aprovechada por el mandatario Mauricio Macri para vender terrenos del Estado. El último fue el viernes pasado (decreto 153/2017) y supone la comercialización de las 12 hectáreas de la Isla Demarchi, ubicadas en el extremo sur de Puerto Madero, delimitada por la avenida Dellepiane, la Reserva Ecológica, el Río de la Plata, la desembocadura del Riachuelo y la Dársena Sur.
De esta manera, Macri tiró abajo el proyecto de CFK que en 2012, también por decreto, anunció la creación de un polo audiovisual en manos de ANSES. Ahora se trata de un proyecto que "se realizará principalmente a través de la inversión privada" y que consiste en "la ampliación y/o mejora de la infraestructura urbana existente". Además, detalla, busca desarrollar "la actividad inmobiliaria y la construcción de obras nuevas y/o remodelaciones en la zona".
Al igual que en 2012, los trabajadores de la isla Demarchi pusieron el grito en el cielo, ya que allí funcionan la Dirección de Vías Navegables; la Escuela de Capacitación del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU); talleres, depósitos y obradores de Roggio; empresas de dragado y la Escuela Nacional Fluvial. El Secretario General seccional Rio de la Plata de Dragado y Balizamiento, Roberto Milio dijo a Perfil: "Volvemos a lo mismo, dejan de lado lo que es el polo audiovisual pero establecen la urbanización del predio que deja siempre abierto a un gran negocio inmobiliario". Además, advirtió que "estamos en estado de alerta y movilización. Imaginate que nos enteramos por los medios del decreto de Macri". Según graficó, hoy hay más de 600 trabajadores en la zona y más de 18 buques amarrados.
A la Justicia. Enrique Viale, abogado ambientalista y asesor del senador Fernando "Pino" Solanas, que en 2012 hizo un documental sobre la importancia de conservar el área, sostuvo a Perfil que se prepara una denuncia penal para frenar el avance de este proyecto: "Es una locura, libera una de las últimas tierras de la ciudad para la especulación inmobiliaria. Tienen que saberlo, los beneficiados serán Eduardo Elztain y Nicolás Caputo".
¿Legal? Viale consideró que no quedan dudas sobre la ilegalidad de la norma: "La Constitución en su artículo 75 dice que para vender debe pasar por el Congreso de la Nación porque son tierras nacionales. Luego debería pasar por la Legislatura para rezonificar, no lo puede hacer por decreto". El inciso 5 señala que es facultad del Congreso "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional".
El titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús negó que el decreto del Presidente sea ilegal y que necesiten autorización del Congreso: "No estamos de acuerdo con esa normativa, lo hace este gobierno, el anterior", dijo. Eso es cierto, el anuncio de CFK se basaba en el Decreto Ley 22.423 dictado por el pasado gobierno militar que daba luz verde a la venta de inmuebles por parte del Poder Ejecutivo. Lo que señaló Lanús es que, ahora simplemente se modificó el proyecto. Por eso, la denuncia de Pino Solanas obligará a la Justicia a brindar una decisión de fondo.
El funcionario macrista también negó que sea 100% una cuestión inmobiliaria: "No hay normativa clara para decir que se puede hacer ahí. Las cuestiones mas relevantes del decreto es que ordena que cada área se ocupe de lo que tiene especialidad entonces le da jurisdicción a el AABE para que maneje el proyecto. Y lo otro es dar de baja el proyecto audiovisual. Creemos que será un proceso de mediano/largo plazo", finalizó.
¿Qué dicen en el Congreso? Desde la comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado del Frente Renovador (FR) Horacio Alonso adelantó que la próxima semana, cuando se realice la primera reunión de comisión, pedirá tratar el asunto: "No pueden disponer de las tierras sin el concurso del Parlamento. En general, queda claro que este gobierno busca un plan de negocios".
Cuando se busca el archivo de lo que decía el PRO sobre el decreto de CFK, queda claro que se oponían, precisamente, por la legalidad de la normativa. El entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, amenazó con no habilitarles el predio."La Ciudad tiene que dar autorización para usar el terreno". Quien ese año era ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, también se opuso al decreto: "La Legislatura seguramente va a decir es que en la isla Demarchi no se puede hacer nada sin la aprobación de una Ley que le dé uso a esas tierras. El proyecto tiene que pasar por allí", destacó.
Otra de las voces que anticipó en 2012 que un decreto de ese estilo debía ser debatido por la Legislatura fue la entonces vicejefa porteña, María Eugenia Vidal: "Si el proyecto no pasa por la Legislatura, es abiertamente ilegal".
