Los policías bonaerenses están enojados. Esta vez no se trata de salarios o acusaciones de corrupción. Desde hace dos décadas vienen tratando de formar un sindicato. Ni las instancias administrativas ni las judiciales se lo permitieron. Pero ahora descubrieron algo que podría haber cambiado su suerte hace tiempo: la hoy ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los había habilitado a organizarse gremialmente en 2001 cuando era titular del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, con la abrupta salida de la Alianza, el gobierno de Eduardo Duhalde habría cambiado esa decisión. Así lo acaba de denunciar el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) ante el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de acuerdo a la presentación a la que accedió PERFIL.
La semana próxima le harán llegar una carta al presidente Mauricio Macri y fomentan una denuncia penal por falsificación de documento público, que contempla penas de hasta ocho años de cárcel. “Recuerdo que se le dio curso al pedido, pero no seguí los detalles”, confirmó a PERFIL la ministra Bullrich.
Días atrás, los aspirantes a agremiarse descubrieron en el expediente del Ministerio de Trabajo algo que nunca supieron porque al sumario le arrancaron una foja en donde se dejaba constancia en donde se habilitaba el trámite para que tuvieran personería gremial. Fue el 2 de noviembre de 2001. El 19 de diciembre el país estallaba en el caos y después de varios presidentes asumía el Ejecutivo Duhalde. “No tenemos dudas de que esto sucedió por una decisión política a todas luces arbitraria de negarnos lo que nos corresponde –dijo en la presentación Nicolás Masi, secretario general del Sipoba–. El contexto político y cambio de gobierno en el mismo momento en que se adulteró este expediente no resulta menor, ya que el dictamen y proyecto de resolución que nos otorgó la inscripción gremial fue el gobierno de Fernando de la Rúa y el gobierno que se encontraba cuando se reemplazó este proyecto y que nos terminó denegando ilegalmente la inscripción gremial fue el de Duhalde, quien fuera claramente represor de los derechos de los trabajadores de la seguridad publica provincial”.
Ahora, piden que Trabajo anule todo el expediente. Masi evitó dar más detalles a la respuesta de Triaca. Por su lado, Bullrich dijo a este diario que “en principio está de acuerdo” con la sindicalización” pero hay que trabajar sobre el tema.
En marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia decidió que los policías no tenían derecho a estar agremiados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Carlos Rosenkrantz les dijeron que el artículo 14 bis de la Constitución no concede ese derecho a los hombres de azul. Sus colegas Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se habían inclinado a validarlos por distintos motivos. Por este caso, el sindicato también planea ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revise el fallo y baraja una denuncia por prevaricato contra el máximo tribunal.
