—Sinceramente, disculpá amigo. Dije la verdad.
—Uuuuuuuu, amigo.
El diálogo textual quedó registrado en los mensajes de WhatsApp y terminó con las esperanzas de quedar libre del agente Dante Barisone. El que le pedía perdón era Alejandro Irrazábal. Lo había secundado en la moto de la Policía Federal cuando le pasó por encima al cartonero Alejandro “Pipi” Rosado el 18 de diciembre, mientras en el Congreso se votaba la reforma previsional. Irrazábal lo había respaldado los primeros días con su silencio cuando la Justicia buscaba al conductor de la moto. De hecho, Barisone estuvo preso unos días y lo liberaron por falta de mérito.
Pero Irrazábal sabía que él también podía ir preso por cómplice y terminó delatándolo. Antes, le mandó un mensaje a Barisone disculpándose y fue hacia Comodoro Py. El problema es que los mensajes también mostraron que en ese momento Barisone les habló a sus abogados, del equipo de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, para avisarles: “Me dijo disculpá amigo, voy a ir preso” (sic). Según demuestran los teléfonos y pudo reconstruir PERFIL, los abogados le pidieron una foto de Irrazábal. Estaban en tribunales y así veían cuándo el testigo llegaba al juzgado.
Esta semana, el juez Sergio Torres dictó el procesamiento con prisión preventiva a Barisone y ordenó identificar quiénes eran los ocupantes de las otras motos que circularon aquel día junto al policía preso. También procesó a Alfredo Luna, el agente que le tiró gas pimienta a un hombre frente al Instituto Patria. En otra resolución, procesó a César Arakaki y Dimas Ponce, los militantes de izquierda que fueron acusados de atacar a un policía de la Metropolitana cuando estaba tendido en el piso. Pero entendió que correspondía liberarlos. El caso no termina aquí: el fiscal Carlos Rívolo apeló la libertad que se les concedió a esos manifestantes, mientras que las defensas reclaman sobreseimientos. Todavía está prófugo Sebastián Romero, ex candidato del Frente de Izquierda que disparó con un mortero artesanal.
Los incidentes dejaron más 200 heridos (mitad policías, mitad manifestantes) y daños por $ 23 millones. Solo Barisone quedó preso. El 14 de diciembre fue el primer intento de votar la ley en donde hubo protestas. De turno estaba el juez Claudio Bonadio, quien ayer procesó a 33 personas por intimidación pública, atentado a la autoridad agravado y daños. El fallo habló del cálculo de haberes jubilatorios que proponía el Gobierno y admitió que no había videos o fotos sobre los acusados. Así, dejó presas a cinco personas. Al que liberó fue a Esteban Rossano, de 19 años, que aseguró que lo arrestaron al voleo, pero sigue procesado porque “quien concurre a una marcha a manifestarse pacíficamente no lleva ropa de recambio”.
