Los jueces francisquistas retomaron la prédica que los hermana, pese a sus grandes diferencias de perfiles y trayectorias: la preocupación por la pobreza. En contexto pandémico y de derrumbe económico, reforzaron su discurso. “Resulta imprescindible atender de manera inmediata la situación de los grupos vulnerados o pobres”, afirmaron en su último documento. Su pronunciamiento busca que el rechazo a la desigualdad social ocupe el centro de la agenda post- coronavirus.
El nombre oficial que se dio este colectivo es el de “Capítulo Argentino de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana”. En concreto, se trata de un grupo de jueces, camaristas y fiscales organizado hace dos años y alineado con la doctrina social del Papa. Su actual presidente es el camarista porteño Carlos Balbín. De origen radical y procurador del Tesoro de la Nación en el primer año de Mauricio Macri en la Rosada, Balbín fue el autor intelectual del comunicado francisquista más reciente.
“La pobreza y la vulneración de derechos fundamentales se han profundizado como consecuencia de la pandemia. De allí que sea necesario plantearse no sólo cómo mitigar el impacto inmediato de la enfermedad, sino también la necesidad de planificar y ejecutar políticas públicas tendientes a revertir sus efectos a mediano y largo plazo”, arranca el texto, difundido por el sitio iJudicial.
El documento impulsa la defensa de derechos de los pobres, las mujeres, las personas mayores, los niños, los presos, los inmigrantes y los integrantes del movimiento LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).
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También propone que se debata la distribución de la riqueza; exige la instauración de una renta universal y rechaza que el derecho a la propiedad sea “entendido como una prerrogativa absoluta”. ¿Se trata de una reivindicación del intento por expropiar Vicentin? No precisamente. Dentro de los francisquistas no hay consenso al respecto. Y hasta existen miradas en pugna. El pasaje apunta a un planteo más conceptual y asociado a la doctrina de Francisco. De hecho cita la encíclica del Laudato si, la encíclica escrita por Jorge Bergoglio en 2015.
Bajo el paraguas papal, en el grupo presidido por Balbín figuran jueces y fiscales de primera línea: Andrés Gallardo, Sebastián Casanello, Fabiana Schafrik, César Jiménez, Roberto Pompa, María Claudia Caputi y Guillermo Treacy. Otros actores de la justicia que mostraron afinidad hacia la movida son: el ex supremo Raúl Zaffaroni; la presidenta del Tribunal Superior porteño Inés Weinberg de Roca, el consejero de la magistratura Juan Pablo Más Vélez y la jueza Elena Liberatori.
Así, resulta imposible etiquetarlos dentro de la grieta. Los magistrados comparten grupo de whatsapp, en el que se limitan a mantener intercambios jurídicos. ¿La unidad franciscana se traduce en fallos homogéneos? “No. Pero nos ilumina el faro de la doctrina papal, que rechaza la cultura del descarte”, opina uno de sus participantes.
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En la Capital, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta padece cotidianamente la marca personal que, vía cautelares, le hace el juez Gallardo. Días atrás, el magistrado volvió a la carga: ordenó que el Ejectuvo garantice el acceso a computadoras e internet por parte de los chicos que viven en villas y asentamientos.
El texto de los francisquistas detalla: “Las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos como el agua de red han contribuido a que los barrios vulnerados se vean expuestos a brotes infecciosos particularmente intensos”.
El planteo de los magistrados liderados por Balbín va dirigido hacia la política, pero también hacia el propio Poder Judicial. “Sin perjuicio de las medidas de contingencia que se adopten para reducir en la mayor medida posible el riesgo de contagio en estos barrios, acompañamos el diseño de políticas públicas tendientes a concretar el derecho a una vivienda adecuada. Este derecho, conforme nuestro marco jurídico convencional y constitucional, no se agota en la existencia de un techo, sino que implica entre otras cuestiones el acceso a los servicios básicos y a condiciones dignas de habitabilidad”.
Tras enumerar a los sectores más vulnerables (pobres, desempleados, adultos mayores, mujeres que sufren violencia de género, inmigrantes, grupos aborígenes, niños y adolescentes), los francisquistas aseguran que “es imprescindible que los poderes públicos asumamos una actitud proactiva respecto de estos grupos, a fin de anticipar sus necesidades y los jueces, en particular, comprometernos en el respeto y reconocimiento de tales derechos”.
Respecto a los recursos necesarios para desplegar una política inclusiva, expresan: “Es fácil advertir que la respuesta estatal para la preservación de los derechos sociales en este contexto demandará recursos significativos. También es evidente que estos recursos no podrán ser aportados por quienes menos tienen, pues son precisamente ellos quienes deben ser asistidos”. Y agregan: “las medidas estatales no podrán circunscribirse a la coyuntura, pues la pandemia, una vez superada, dejará una sociedad con más pobreza y exclusión”.
Sobre el final, opinan que “el postergado debate sobre la distribución de la riqueza se presenta como ineludible”. Y concluye: “Es necesario discutir políticas sociales distributivas e inclusivas, como la renta universal, pues solo así será posible construir una sociedad justa e igualitaria”.
Ex Procurador del Tesoro (área encargada de defender los intereses del Estado), el camarista Carlos Balbín fue echado por el macrismo en 2017. Cuando recomendó hacer una auditoría, en lugar de apurar el perdón de deuda millonaria al Grupo Macri, el oficialismo lo expulsó. La del Correo no fue la única fricción que acumuló en su mandato. Antes, el juez de origen radical había intentado frenar otro acuerdo polémico: el de Autopistas del Sol, empresa vinculada a la familia del expresidente.
Admirador de Salvador Allende y el Padre Mugica, el juez Gallardo mantiene conversaciones con Jorge Bergoglio desde 2004. En junio de 2018, concretó una idea que amansaban entre ambos: hacer un encuentro de jueces y organizaciones sociales. En la facultad de Derecho de la UBA se mezclaron Juan Grabois con Weinberg de Roca, Gustavo Vera con Balbín y el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. En junio pasado, la iniciativa creció hasta convertirse en una reunión de jueces panamericanos en la Pontificia Academia de las Ciencias, dentro del Vaticano. Durante la cita, el Papa hizo una afirmación que pretende guiar a los jueces en su praxis cotidiana: "No hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad".
