Las expectativas sobre el futuro inmediato del propio entorno del vicepresidente se resumen en seis palabras: “Amado no va a pedir licencia”, describen en el corazón de su despacho en el Senado. Confirman, además, una presunción que fluye en los rincones de la política desde que se sospecha que la Justicia Federal iba a procesar al vice: la decisión detrás de una eventual licencia de Boudou es potestad sólo de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero existe una inquietud urgente dentro del Gobierno, que llevó a la propia jefa de Estado a suspender esta semana un viaje a Paraguay por una inflamación en la garganta: su próximo viaje a Brasil (Fortaleza), por la cumbre de los Brics, agendado para el próximo 15 de julio.
Ocurre que durante su ausencia la Constitución Nacional, en su artículo 88, prevé que Amado Boudou, el segundo en la línea de sucesión, asuma el control del Poder Ejecutivo. No convence a los asesores más cercanos de Cristina la idea de que apenas por unas horas Aimé, procesado, acusado e investigado por haber recibido coimas en la compraventa de Ciccone, sea la máxima autoridad del Gobierno. Tejen escenarios para evitar esa inquietud por estas horas.
Circuló también esta semana que el vicepresidente estaba analizando formalmente pedir una licencia para “cuidar” la imagen del Gobierno, algo que sus asesores más cercanos desmienten con firmeza. Aseguran que el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le transmitió en una reunión el jueves pasado que ese escenario no era posible. No al menos para la propia jefa del kirchnerismo. La reunión existió, aunque lo nieguen fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Es que dentro del oficialismo se discute por estas horas los beneficios de oxigenar la gestión con un eventual pedido de licencia al vice.
Son pocos los que participan del debate, pero al menos entre los que deciden hay consenso hasta ahora: no lo obligarán a hacerlo.
No lo obligarán por más que los barones del kirchnerismo ortodoxo dentro del Gobierno, algunos ministros, el arquitecto del modelo –Carlos Zannini– y hasta el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, crean que Amado debe irse. Hoy Boudou es un buen arco para contener dentro de la cancha los filosos penales de la oposición. Es un escudo que evita que las balas peguen más cerca de la primera mandataria.
“Hay que proteger a la reina”, rezó el jueves pasado un senador oficialista como justificación para ayudar a desatar los mecanismos parlamentarios que protejan al vicepresidente de cualquier intento de que avance un juicio político contra Amado. No lo hizo por convicción, todo lo contrario; el aspirante a gobernador detesta al vice, pero por ahora responde órdenes. Una vez más, el pedido fue concreto: “Para proteger la gestión y a Cristina hay que bancarlo al gordo”.
