La asociación civil Usina de Justicia presentó un recurso de amparo ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional contra las excarcelaciones masivas de detenidos "sin ningún fundamento ni control".
En el escrito al que tuvo acceso PERFIL se cuestiona la Acordada N°5 de la Cámara Nacional de Casación Penal que instruye a los jueces inferiores a arbitrar los medios para descomprimir las cárceles imperativas al respecto lesionando la independencia de los magistrados, que son los únicos que pueden decidir atendiendo a la ley, las circunstancias del caso y el debido proceso penal.
Usina de Justicia, presidida por la filósofa e investigadora Diana Cohen Agrest, buscó frenar así el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria que se está dando a algunos presos, en medio de la pandemia de coronavirus, ante el riesgo que supone permanecer en lugares con superpoblación y hacinamiento.
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“La inminente conculcación de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y también por la indudable violación al principio constitucional de independencia de los jueces, lo que motiva la necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo, cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020", señala el texto.
El argumento que presenta la asociación civil se funda en que los integrantes de la Cámara de Casación Nacional dieron directivas a los jueces para que dispongan prisiones domiciliarias pero en realidad "no pueden indicarle a los jueces cómo deben obrar en sus causas".
De acuerdo a su postura, "eso viola el principio de independencia. El amparo se basa además en que se violó la Ley de Víctimas, porque no se les dio intervención previa para que ejerzan sus derechos".
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Además, rechaza la justificación esgrimida por parte de las autoridades sanitarias y ligadas a los derechos humanos al señalar que "la liberación de presos en aras de un bien sanitario es una falacia, un razonamiento falso, porque no se impide la propagación del virus liberando masivamente a los presos, ya que si estaban detenidos por orden judicial era porque habían roto la ley cometiendo delitos y nada indica que ahora vayan a cumplirla manteniendo una cuarentena, lo que implica un nuevo riesgo sanitario para ellos, y para el resto de la población".
Desde el Gobierno, la ministra de Justicia Marcela Losardo tomó distancia de las concesiones de prisión domiciliaria a detenidos y respaldó la visión del presidente Alberto Fernández, quien anoche señaló que "no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular".
Según garantizó Losardo, "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas".
MC
