El Gobierno mostró esta semana que en su afán por modificar las reglas del mercado laboral está dispuesto a tensar al máximo la relación con la Justicia y los gremios. Con la denuncia contra dos camaristas sumó esta semana otro intento de modificar un fuero que el oficialismo considera cooptado. El presidente Mauricio Macri aludió en varias oportunidades a una Justicia laboral que entiende sesgada en contra de los empresarios y reclamó que sea más “ecuánime”. En off (y sólo en off) voces del oficialismo hablan de un fuero que controlan el diputado –y abogado laboralista– Héctor Recalde, el ex ministro Carlos Tomada y algunos gremios.
En el fuero, muchos creen que la apuesta gubernamental forma parte de los esfuerzos para concretar el traspaso de juzgados nacionales a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que despierta una cerrada resistencia. También creen que se alinea con la intención de hacer una reforma integral de la Justicia, que impulsa el ministro de Justicia, Germán Garavano. Pero, ante la consulta de este medio, cerca del ministro negaron que haya participado de la redacción de la denuncia contra los camaristas.
El lunes, dos escritos idénticos –a los que accedió PERFIL– fueron presentados ante el Consejo de la Magistratura por el abogado Raúl Lombardi, apoderado de la cartera de Trabajo. Los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Mariano, integrantes de la cámara del Trabajo, fueron denunciados por “desconocimiento del derecho”, “falta de idoneidad”, “incumplimiento de la Constitución”, “negligencia grave”, “arbitrariedad” y “falta de idoneidad”.
Arias Gibert y Marino integraron la sala de feria que emitió, el 31 de enero pasado, una cautelar en favor de La Bancaria para demandar que los bancos abonaran el aumento pactado con la mayoría de las cámaras, a pesar de que el Ministerio de Trabajo no quería homologarlo. La pelea era parte de las iniciativas (fallidas) del Ejecutivo para imponer un “techo” –entre el 18 y el 20– a las paritarias.
Para el Gobierno, los magistrados se “arrogaron funciones que no le son propias” al intervenir en una negociación colectiva bajo “conciliación obligatoria” donde la autoridad competente es –siempre según el escrito– Trabajo.
Tras una amenaza de paro de 72 horas, los bancarios habían logrado confirmar el aumento la semana pasada. La cuestión parecía haber pasado. Sin embargo, Trabajo sorprendió con los escritos donde avanza contra los camaristas e inicia el proceso que podría terminar en su destitución, a pesar de no contar hoy con la mayoría necesaria para que prospere.
No es la primera vez que el Ejecutivo realiza una muestra de fuerza en el campo laboral. Con media sanción en el Senado –y consenso en Diputados para aprobarlo, como finalmente ocurrió– se decidió avanzar por decreto con la reforma de las ART. La medida, confiaron fuentes calificadas, fue iniciativa de Jefatura de Gabinete antes que de Trabajo. En este caso judiciales, laboralistas y sindicalistas también coinciden en apuntar a una iniciativa de “alto nivel”.
Más allá del “autor ideológico”, la denuncia motivó una dura reacción de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional: emitió un comunicado donde apuntaron que cuando “un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales” la “Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana”.
En tanto, la CGT emitió un comunicado donde repudiaron la denuncia y lo relacionaron con la intención de poner un “tope” a las paritarias. También reiteraron que rechazan “formal y categóricamente” el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad.
