El viceministro de Justicia Julián Álvarez, con el aval del ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, son los nombres que aparecen detrás de la lista de diez conjueces impulsados por el gobierno para la estratégica Cámara de Casación Penal.
Así coinciden las fuentes judiciales consultadas. Los abogados, todos ellos alineados con el Gobierno y la mayoría jóvenes pertenecientes a la Agrupación Justicia Legítima apadrinada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, ya cuentan con experiencia en la defensa de funcionarios y podrían intervenir en causas de corrupción en esta instancia de definiciones para la resolución de causas penales.
De esta manera, el Gobierno estaría construyendo una red de protección con vistas a futuro, tras la presunta pérdida de ingerencia que podría significar un resultado electoral adverso y ante la imposibilidad de una reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
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Este procedimiento de conjueces no contaría con el visto bueno del resto de los ministros de la Corte Suprema, ya que existen un sinnúmero de reclamos de inconstitucionalidad por este tipo de listas que vulneran el procedimiento tradicional para la selección de jueces.
De hecho, una de las mayores preocupaciones de los ministros es la parálisis del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección, sanción y remoción de los magistrados tal como lo establece la Constitución.
Esta lista de conjueces. como la que el Senado tratará a partir de febrero para subrogar a los magistrados de la Corte Suprema, podría enfrentar planteos judiciales.
