Proponen que el Estado nacional venda sus acciones de Papel Prensa
Un diputado opositor presentó un proyecto de ley para impulsar la operación. El objetivo, las
limitaciones a
Clarín y
La Nación y
críticas a la iniciativa del Gobierno.
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Cedoc
Un proyecto de ley presentado en Diputados promueve que el Estado venda sus acciones de
Papel Prensa a un privado para promover
mayor competitividad y acceso al papel por parte de la prensa escrita. Así lo informó
Perfil.com el diputado demócrata mendocino Omar De Marchi, autor del proyecto, que
estipula que
en 60 días el Estado llame a licitación para vender sus acciones, de casi un 28%,
en la compañía cuyos mayores accionarios son
La Nación y
Clarín.
"El objetivo del proyecto parte de la premisa de cómo hacer para que haya más papel, porque
es obvio que la libertad de prensa (escrita en este caso) viene de la mano del acceso al papel en
cantidad y buen precio", señala De Marchi. Y agrega: "La única forma que la economía conoce para
que esto suceda es que haya
más competencia y más libertad, por eso proponemos que el
Estado se retire de Papel Prensa y que ese dinero se destine a la
creación de un Fondo para el desarrollo de papel".
Ese Fondo para el desarrollo de papel, según el proyecto de De Marchi, tendría como finalidad
"fomentar mediante
programas de asistencia financiera, la producción de papel cuyo destino sea su
utilización como insumo por la prensa escrita".
El proyecto determina además que no podrán participar como oferentes de la licitación "los
Estados Nacional, Provincial o Municipal, los organismos autárquicos y descentralizados que de
ellos dependan y las sociedades con participación estatal", para de esta manera evitar que haya
algún tipo de "manejo" en la distribución del papel y, por consiguiente, se restrinja la libertad
de prensa.
"Todo
este revuelo que hizo el Estado con Papel
Prensa tiene que ver, más allá de algunos temas ocultos, con su interés por
restringir la libertad de prensa mediante el
control del
papel", disparó el diputado. Y señaló: "Aun así, dejando de lado el objetivo tramposo
del gobierno, la iniciativa busca que haya más papel y por lo tanto mayor competitividad".
El proyecto señala además que "la Constitución Nacional prohibe en su artículo
32° el dictado de leyes que limiten la libertad de prensa", una disposición que "no parece estar en
línea" con "el proyecto presentado en esta Cámara por el Poder Ejecutivo relacionado con el tema de
Papel Prensa S.A.". Y agrega: "Esta limitación constitucional incluye claramente
el manejo de la distribución de papel para la prensa escrita. Creemos que la mejor
forma de respetar esta disposición constitucional es evitar que el Estado Nacional participe de
este negocio bajo cualquier forma jurídica".
La iniciativa incluye un artículo para la creación del "Fondo para el
desarrollo de papel" para "fomentar programas de asistencia financiera" para la producción de más
papel, y aclara que no podrán formar parte de ellos
"los accionistas presentes o futuros de Papel Prensa S.A., o sus empresas
relacionadas". Propone, también, que sea la Auditoría General de la Nación "la encargada de fijar
el precio base de venta"de las acciones del Estado.
