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POLITICA / Ruta del dinero K
viernes 5 abril, 2019

Lázaro Báez: el TOF 4 prorrogó por ocho meses su prisión preventiva

El empresario está detenido hace 3 años y se estima que continuará en la misma situación hasta el final del juicio.

por Cecilia Devanna

Empresario detenido Lázaro Báez seguirá detenido por 8 meses más. Foto: Noticias Argentinas
viernes 5 abril, 2019

El empresario Lázaro Báez seguirá detenido por los próximos 8 meses. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Penal Federal (TOF) 4, que tiene a su cargo el juicio por la denominada “Ruta del dinero K”, en la que el empresario, y presunto testaferro presidencial, está acusado, junto a sus cuatro hijos, entre otras 25 personas, de lavado de dinero. Báez lleva tres años detenido y la prórroga de ocho meses fue estimada en base a lo que se estima que se prolongará el juicio oral y público en su contra, que comenzó en octubre pasado.

El TOF hizo lugar así a un pedido del fiscal del juicio, Abel Córdoba, quien en febrero pasado pidió también la detención del hijo mayor de Báez, Martín Antonio, luego de que se detectara que había movido una suma millonaria de dinero cuando ya pesaban sobre él medidas cautelares que lo impuesto en el marco del caso.

Ruta del dinero K: comienza el juicio a Lázaro Báez

Los jueces, Néstor Costabel, Gabriela López Iñiguez, y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron que: “…se encuentra acreditada la alta capacidad económica obtenida durante el tiempo de los hechos imputados, el acceso por diferentes vías para salir del país, los vínculos que lograra con altos funcionarios públicos, la influencia que ejerciera sobre determinadas personas, entre otros, los que constituyen razones suficientes que abonan la probabilidad y verosimilitud en el entorpecimiento de la actividad jurisdiccional y la frustración del desarrollo del debate…”.

A lo que agregaron que el paso del tiempo no determina que hayan desaparecido las circunstancias que advirtió el juez Sebastián Casanello, quien instruyó la causa y ordenó la detención de Báez el 5 de abril de 2016. Al tiempo que resaltaron que todas esas circunstancias fueron ratificadas por los magistrados de todas las instancias superiores.

El Tribunal consideró que: “No se ha modificado el estatus de peligrosidad procesal” de Báez, sino que por lo contrario, al encontrarse en la etapa de juicio, “cualquier soltura anticipada podría resultar contraproducente” a lo fines del debate, que tienen que ver no sólo con una posible condena sino también con la búsqueda de recuperar bienes y activos producto de los ilícitos cometidos.

La caída en desgracia de la familia de Lázaro Báez a tres años de sus detención

“Se debe destacar que actualmente se encuentran en pleno trámite los incidentes relacionados con los pedidos de cooperación internacional para la obtención de información de diversas cuentas en países como la Confederación Suiza y la Mancomunidad de Bahamas, como así también, para la remisión de los fondos a este país de las cuentas cuyo congelamiento y embargo se solicitó por vía diplomática”, resaltaron.

El pedido de Córdoba

A comienzos de esta semana, y en vistas a que vencía el plazo de la prórroga, Córdoba evaluó, al momento de hacer su pedido para extender el plazo de detención, que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga. En su dictamen, señaló algunas irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro S.A, propiedad de Báez, y el hecho que recientemente fue elevada a juicio el caso “Los Sauces” que tiene como imputados al empresario y a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Video | Cómo pasa Lázaro Báez sus días en la cárcel

El fiscal había señalado que la interventora decretada por la Justicia “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy, el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.

 “Han logrado que se le emitan autorizaciones judiciales para emitir guías para la venta de ganado, las entidades bancarias deliberadamente boicotean el trabajo de la interventora y las empresas comercialmente vinculadas retacean constantemente información y colaboración”, agregó.


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