El fin del decomiso impuesto por el juez federal Sebastián Casanello sobre los bienes de Lázaro Báez fue muy preciso: resguardarlos para una futura restitución al Estado, en el caso de que sea condenado por corrupción. Sin embargo, los vehículos del supuesto testaferro de los K que deberían estar bajo la guarda de la justicia se ven circulando por las calles de Río Gallegos.
Como se llega a esa situación se está investigando, pero se presume que fueron sacadas sin autorización de las estancias y otras propiedades de constructor en el sur del país. Así lo demuestran imágenes y videos a los que accedió PERFIL y que fueron denunciados al Tribunal Oral que juzga Báez y a sus hijos en la causa llamada “Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4.
Fuentes del caso, indicaron a PERFIL que incluso se denunció que vehículos y autopartes estarían siendo ofrecidos en sitios de internet y redes sociales. Asimismo, empleados o prestadores de servicios habrían decidido quedarse con las camionetas y utilizarlas como parte de pago.
Ordenan repatriar más de 850 mil dólares que Lázaro Baéz ocultaba en Suiza
Los autos y camionetas -que son parte del patrimonio de Austral Construcciones listado por el fiscal Guillermo Marijuan, embargadas y decomisadas por Casanello- pueden verse estacionados o andando en las calles de Río Gallegos. Muchas, con cédula verde vencida.
A la vez, una gran cantidad de lubricantes que desaparecieron de “La Estación” S.A. -un depósito de Los Báez- también pueden encontrarse a la venta fácilmente en la zona, indicaron las fuentes.
No es el único caso. Las costosas maquinarias agrícolas del presunto testaferro de Néstor y Cristina Kichner deberían estar sin uso. Pero estarían siendo utilizadas por particulares que sacan provechosas ganancias de su producción.
El pujante empresario de la era K está siendo juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por lavado de dinero, junto a otras 24 personas, entre ellos, sus cuatro hijos.
Video | Así excavan en una estancia de Lázaro Báez en busca de una fortuna
Báez fue detenido en abril de 2016, en la causa conocida como “la ruta del Dinero K”, por orden del juez Casanello. Según considera probado el magistrado, lavó unos 60 millones de dólares, por lo que se le impuso un embargo de 600 millones de dólares.
