En doce páginas, la Casa Rosada decidió revocar el decreto de 1991 por el cual el gobierno de Carlos Menem vendió el Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) sin licitación pública y por un precio "sustancialmente menor" al que estableció el Tribunal de Tasaciones en su momento.
El documento difundido a la prensa no contaba ni con fecha ni con las firmas de la Presidenta y el jefe del Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina.
A precio vil. "La compraventa aprobada por el Decreto Nº2.669/91 se efectivizó por el precio de dólares estadounidenses 30.000.000 y por el sistema de contratación directa" y no por licitación pública o a fundaciones para que utilizaron el predio para "fines estatutarios", como regulaba la Ley 22.423 de enajenación de bienes del Estado.
Esa normativa -recuerda hoy el decreto de la Presidenta- estipulaba que debió aclararse por qué no se llevó a cabo el procedimiento legal. Y además de eso, también exigía obras de infraestructura, que el Gobierno considera que no fueron satisfechas como lo establecía el contrato.
"El decreto persiguió la obtención de recursos de forma acelerada, a través de la venta de los inmuebles estatales innecesarios" y que generó "mayores ventajas económicas". El texto recuerda que el 20 de diciembre de 1991, el Tribunal de Tasaciones de la Nación cotizó el predio de La Rural por un precio muy superior al vendido: US$ 63.615.000.
Por eso, el decreto que mañana se publicará presumiblemente en el Boletín Oficial indica que "el importe que finalmente se estipuló como precio de la venta del inmueble resultó sustancialmente menor a la tasación realizada".
La causa judicial. El decreto hace un repaso a la causa judicial que llevó el juez federal Daniel Torres contra el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y ex otros funcionarios de la Rosada y autoridades del Banco Hipotecario por "delito de acción pública" a raíz de irregularidades en la venta del Predio Ferial de Palermo a la SRA.
En el expediente, la Procuración del Tesoro de la Nación expresó que "una transferencia de bienes estatales efectuada con sustento en un precio vil resulta ilícita". No obstante, durante el proceso judicial se mencionó que el valor real del predio superaba incluso lo tasado oficialmente y el valor ascendía a 130 millones de dólares (100 millones más que lo firmado).
"La gravedad de los vicios, puesta de manifiesto, conlleva que la declaración de nulidad produzca efectos retroactivos y por consiguiente alcance todos los actos que se hayan otorgado como consecuencia y en cumplimiento de los fines del decreto que aquí se revoxa, toda vez que los mismos se han sustentado en un antecedente nulo", señaló el decreto.
¿Indemnización? Asimismo, el decreto de Cristina Kirchner señala que el ONABE y la Sigen "determinarán las compensaciones que pudieran resultar de las revocación dispuesta".
