La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que fue sancionada en diciembre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, está hecha directamente para que los hechos que admitió el empresario Angelo Calcaterra no sucedan. Pero sucedieron, según admite el empresario.
Según la ley, que lleva el N° 26.215, se establece la prohibición de contribuciones o donaciones anónimas. No podrá imponerse a las contribuciones o donaciones el cargo de no divulgación de la identidad del contribuyente o donante.
Otro de los puntos que impedirían a un empresario como el primo del presidente Mauricio Macri es el que dice : contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires.
Más adelante, la ley establece que “Los fondos del partido político deberán depositarse en una única cuenta por distrito que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina o bancos oficiales en las provincias que los tuvieren, a nombre del partido y a la orden conjunta o indistinta de hasta cuatro miembros del partido, de los cuales dos deberán ser el presidente y tesorero, o sus equivalentes, uno de los cuales, necesariamente, deberá suscribir los libramientos que se efectúen”.
De todas maneras, como siempre, el problema no es la ley sino su cumplimiento. En tal sentido, se señala, algo genéricamente, que el 80 % de los aportes de los fondos de campaña no están blanqueados, indistintamente del partido político que los reciba. El cálculo fue realizado por organismos como el Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Poder Ciudadano y la fundación RAP (Red de Acción Política).
El problema no es la ley sino su cumplimiento
Margarita Stolbizer, en su presentación como Amicus Curiae en la causa que investiga los aportantes truchos de la campaña de Cambiemos, también había explicado claramente que si bien “La ley vigente (…) prohibió las donaciones empresariales”, “esta ley es fácilmente burlada ya que no aportan las empresas, sino que lo hacen a título personal, los gerentes, directivos, accionistas y hasta empleados de las empresas, para ocultar el origen proveniente de aquellas, impedidas por ley. Antes era más fácil advertir qué empresas aportaban para una campaña electoral. Ahora el dinero circula igual, pero en negro”, una situación, que encaja perfectamente en la confesión de Calcaterra. “Se trata de dinero sucio proveniente de la corrupción, devolución de favores relacionados con obra pública” completa la presentación de la ex candidata.
