El Gobierno nacional difundió este martes un extenso video en sus cuentas oficiales con motivo de los 50 años del golpe militar, insistiendo por tercer año consecutivo en la instalación del concepto de "memoria completa". El material, de 74 minutos de duración, tuvo como una de sus protagonistas centrales a Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127 por Abuelas de Plaza de Mayo. Su testimonio se utilizó para confrontar lo que la administración libertaria califica como un "relato" impuesto durante años por el kirchnerismo.
Miriam es hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, ambos desaparecidos desde mayo de 1977 tras ser secuestrados en Córdoba. Según determinó la Justicia, nació en la ESMA en julio de ese año y fue inscripta ilegalmente en Mendoza por Armando Osvaldo Fernández, un oficial inspector del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Policía especializado en inteligencia, y su esposa, Iris Yolanda Luffi. A pesar de este origen, la mujer brindó un relato que se distancia radicalmente del discurso histórico de los organismos de derechos humanos.
Durante su intervención, grabada en un Salón Blanco de la Casa Rosada vacío, Fernández se negó terminantemente a llamar "apropiadores" a quienes la criaron. "No es padre quien te trae al mundo, sino quien te cría", afirmó en el video, repitiendo una frase que el propio Armando Fernández pronunció ante el tribunal antes de ser condenado. Por elección personal, Miriam incluso solicitó y logró mantener el apellido del ex oficial de inteligencia ante la Justicia, a pesar de la oposición de la fiscalía.
En el plano judicial, la apropiación de Miriam quedó probada con sentencias firmes. En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Armando Fernández a 10 años de prisión, pena que se elevó a 15 años en 2024 tras una apelación que consideró el hecho como un "delito continuado". Fernández ya contaba con otras cinco condenas por delitos de lesa humanidad, incluyendo tres prisiones perpetuas, y cumplía arresto domiciliario al momento de los fallos por su avanzada edad.
La nieta 127 relató que supo que no era hija biológica de sus criadores en el año 2000, pero que no tuvo interés en conocer su verdadera identidad. Aseguró que se vio "forzada" a realizarse el ADN tras la denuncia de un familiar y que incluso se fugó a Chile durante una semana para evitar la citación judicial. En el spot oficial, cuestionó duramente el accionar de Abuelas de Plaza de Mayo, señalando que la lucha es genuina pero que el manejo de los casos está "politizado" y carece de tacto.
Finalmente, Fernández hizo un llamado a "dejar el pasado tranquilo" y a contar lo que denomina la "historia verdadera" para lograr la reconciliación nacional. Su testimonio, sumado al de Arturo Larrabure (hijo de un militar asesinado por el ERP), buscó presentar a "las víctimas que quisieron esconder", según la narrativa del video oficial. La mujer concluyó que no se considera una víctima y que se siente una "privilegiada" por la crianza que recibió, a pesar de que la misma se originó en el centro de detención clandestino más emblemático de la dictadura.
El legajo de un oficial del D2
Armando Osvaldo Fernández no era un civil ajeno al aparato represivo. Como oficial inspector del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, actuó como enlace directo con el Ejército en tareas de inteligencia. Al momento de ser condenado por la apropiación de Miriam, ya acumulaba una serie de sentencias por torturas, secuestros y homicidios cometidos durante la última dictadura.
Miriam describió el proceso de restitución de identidad como una experiencia "dolorosa y traumática". Denunció que el día que la Gendarmería fue a buscarla a su casa se sintió tratada como una "delincuente" y que el sistema judicial no prepara a los nietos para el impacto de descubrir su origen biológico. Su rechazo inicial a los organismos se profundizó cuando la fiscalía intentó impedir que conservara el apellido de su apropiador.
El video de este año reforzó la línea que el Gobierno de Javier Milei mantuvo desde su asunción: la negación de la cifra de 30.000 desaparecidos y el foco en las víctimas de las organizaciones guerrilleras. Al utilizar el testimonio de una nieta recuperada que defiende a sus captores, la gestión libertaria intentó fisurar el consenso social construido alrededor de la figura de los nietos restituidos como víctimas de crímenes de lesa humanidad.
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