Alrededor de veinte peritos comenzaron a trabajar esta mañana en la autopsia del cuerpo hallado el martes en el río Chubut, cuya identidad fue confirmada esta tarde por Sergio Maldonado al declarar que "está convencido de que es Santiago", su hermano que estaba desaparecido desde el 1 de agosto.
La fiscal Silvina Ávila pidió el miércoles que la autopsia sea realizada por el Cuerpo Médico Forense y que "en la medida participen todas las partes que integran la causa -las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente-.
Las cinco querellas de la causa son la familia Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Por otro lado, el único imputado hasta ahora es el subalferez Emmanuel Echazú.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue la que interpuso un habeas corpus en favor del joven desaparecido, se presentó ante la justicia federal luego de que la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas y otros integrantes de la comisión se entrevistaran con el juez de Esquel, Guido Otranto, a quien le pidieron que avance la investigación y que cesen de las hostilidades contra la comunidad mapuche. La causa quedó luego en manos del magistrado Lleral por la polémica recusación de Otranto.
El CELS, dirigido por Horacio Verbitsky, fue el organismo que más de cerca siguió la causa acompañando a la familia, denunciando las irregularidades de Otranto, el mismo juez que había ordenado el operativo de desalojo que terminó con la desaparición de Maldonado. Más adelante pidieron la recusación del magistrado y fue la entidad que acercó a la fiscal Ávila al equipo especial de perros entrenados para buscar restos cadavéricos en el agua.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también acompañó la presentación del habeas corpus y fue la más crítica ante la "inacción" del Gobierno Nacional con el caso, denunciando los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando defendió a la Gendarmería, hoy principal sospechosa.
La Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos son las otras dos entidades que exigieron a la Justicia y al Gobierno el cumplimiento de los Derechos Humanos y acompañaron en las marchas pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.
