El modelo de Lázaro Báez en Santa Cruz no es un caso aislado. Las investigaciones desnudaron la historia de un empresario beneficiado con la obra pública y sospechado por supuestos sobreprecios que esconderían una trama corrupta. Este modelo, sin embargo, se replica en todo el territorio argentino, con gobernadores que privilegian a un grupo de empresarios y reciben, en consecuencia, las críticas y sospechas de la oposición.
El modelo es el mismo que aplicaba Néstor Kirchner con las empresas de Báez en Santa Cruz, nacionalizado una vez que llegó a la presidencia. Las obras públicas más importantes del país se hacen, casi en su totalidad, con fondos que distribuye el ministro de Planificación, Julio De Vido. Son los gobernadores, con su aval, los que deciden qué empresas harán los trabajos.
Las variaciones, no obstante, son propias de cada provincia. En algunos casos, los mandatarios benefician a empresarios nuevos, casi desconocidos, que de un día para el otro toman relevancia y comienzan a ganar licitaciones. Otros, en cambio, se acercan a los grandes empresarios de la zona, que se perpetúan como los principales beneficiarios. Por último, los casos más polémicos son los que le adjudican obras o contratos a empresas de familiares o incluso propias.
Los mecanismos también esconden diferencias. Hay provincias donde las licitaciones se realizan respetando todos los plazos reglamentarios. Y contrastan con aquellas donde ni siquiera se respetan los trámites legales. En todos los casos, sin embargo, la conclusión es similar: las mismas empresas se reparten las obras más importantes. O por adjudicación directa o por licitaciones sospechadas. Las firmas más chicas, en consecuencia, se resignan a recibir los contratos para las obras menores, garantizándose así los gobernadores la paz empresarial.
Nombres conocidos. Hay provincias donde no es misterio quién es el favorito. En Formosa, por ejemplo, las miradas apuntan a Pedro Doval Vázquez de la empresa Industrial y Constructora SA. Gana la mayoría de las obras viales. Y comparte el podio con las empresas de Juan Carlos Relats (un correntino con inversiones en todo el país y que incluso explotaba el hotel Los Sauces de los Kirchner) y por Sucesión de Adelmo Biancalani SA (Lázaro Báez adquirió el 51% de la empresa). Cada compañía se queda con un tramo o, en algunos casos, se asocian en uniones transitorias de empresas (UTE). “Son sostenedores económicos del proyecto del gobernador Insfrán”, apuntó un empresario local, que calculó en $ 1.000 millones las inversiones en vialidad en los últimos seis años. Vázquez, en respuesta a la consulta de PERFIL, rechazó ser uno de los más beneficiados, destacó que la empresa tiene veinte años de trayectoria y justificó en su capacidad técnica, económica y financiera “la eventual adjudicación de obras”.
Santiago del Estero es una de las provincias que más fondos recibió de Nación, incluso para obras polémicas como el aeropuerto de Río Hondo o el dique Figueroa (sospechado por sobreprecios). “En Córdoba no podés facturar el triple como en Santiago”, graficó el senador radical Emilio Rached. Allí, es vox populi que el encargado de distribuir las obras (y quedarse con la porción más alta) es Miguel Sarquiz, de la empresa Mijovi. Una de sus sociedades, además, le abrió las puertas porteñas, donde tiene un emprendimiento en Puerto Madero.
En La Pampa, quien viene ganando muchas licitaciones es Jubete Constructora, de Omar Angel Jubete. Hizo, entre otras obras, un millonario autódromo. Según investigaciones periodísticas, entre 2008 y 2011 hizo el 81% de las obras viales provinciales. El hijo del gobernador Oscar Jorge estaba relacionado como “asesor financiero”, pero desde la empresa aseguran que ese vínculo ya no existe.
En Corrientes y Mendoza, en tanto, también se destacan empresarios con historia. En la primera, por las diferencias con el kirchnerismo no se destacan las obras públicas, por lo que los empresarios beneficiados por el gobernador están en otros rubros: Jorge Goitia (en el juego) y los hermanos Alberto y Juan Castro que armaron una red de farmacias que recibió importantes contratos públicos. En Mendoza, las miradas apuntan a Omar Alvarez, con multimedios en San Rafael e inversiones en energía y obra pública.
En familia. “En La Rioja no hay licitaciones, sino que las adjudicaciones se dan a través de ONGs que contratan a las empresas”, explica el diputado Julio Martínez (UCR). En ese marco, la principal beneficiaria es Pircas Negras, un grupo de empresas conducido por Carlos “Lalo” Herrera y Raúl Moreno. Se trata del hermano y el sobrino del gobernador Luis Beder Herrera.
“Desde que llegó Alperovich a Tucumán son mínimas las licitaciones públicas. Ante cada obra importante la Legislatura aprueba una excepción”, describe una fuente tucumana. Allí hay un pool de empresas que se destacan: Avanco y Elgart Construcciones. La primera la conduce Rubén Rojkés, hermano de la primera dama (pero también Alperovich es accionista), y la segunda es de Leonardo Elgart, marido de Sara Alperovich, la hermana del gobernador.
En Misiones, el principal negocio está en el turismo, donde se destaca la empresa Carlos Enríquez SA, conducida por Roberto Enriquez. A través de una UTE, tiene la concesión del Parque Nacional Cataratas del Iguazú. El 21% de esa UTE pertence a Petrovalle SA, de familiares del gobernador Maurice Closs (antes de asumir también era accionista). Los beneficios de la empresa de Enríquez también llegan a la obra pública. En agosto del año pasado, por ejemplo, le adjudicaron la autovía Posadas- San José, por $120 millones.
Caras nuevas. En el Chaco coinciden en que los contratos de obra pública están “bastante democratizados”. Sin embargo, el nombre de Mateo Alemán es el que más sobresale. Sindicado como “muy cercano” al gobernador Capitanich, armó una cámara de la construcción paralela y su empresa Cre Nor SRL ganó varias licitaciones.
En Entre Ríos, dos años después de asumir Sergio Urribarri se creó la empresa Szczech & Szczech. Hoy es una de las principales contratistas: Hospital de Gualeguaychú (en UTE), dos escuelas, 200 viviendas, entre otras obras, que suman, como mínimo $ 260 millones. Su titular, Néstor Iván Szczech, llegó a ser presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción.
Ya sea con caras nuevas, nombres ya conocidos o familiares emprendedores, todos tienen su empresario predilecto. Así la obra pública queda siempre en las mismas manos, y las suspicacias tienen cimientos fuertes.
Más gastos que avances
La relación entre obra pública y corrupción es una controversia presente en todo el mundo. En Argentina, el flagelo es difícil medir. Hay sospechas por obras que se licitan con un presupuesto pero terminan costando varias veces más, otras que llaman la atención por sus diferencias con obras similares en otras provincias. Pero en todos los casos, las investigaciones quedan en la nada.
Ante esta situación, la consultora Federico Muñoz & asociados realizó un ejercicio que ayuda a sostener la hipótesis de sobreprecios, pero que, según aclara, no puede tomarse como prueba. El trabajo compara el crecimiento, entre 2004 y 2011, de dos índices: la inversión del Estado (con datos presupuestarios del Ministerio de Planificación), y el ritmo de la construcción que mide el Indec.
Del índice elaborado por el Instituto, denominado ISAC, sólo se tomaron dos sub-rubros, que engloban a la obra pública. La conclusión del informe es que el gasto en este tipo de inversiones creció a un ritmo mucho más intenso (más del doble) que los volúmenes reales de obras realizadas.
