Rafael Cúneo Libarona, hermano del ministro Mariano Cúneo Libarona, renunció a la defensa de Brian Kelly, de San Ignacio Brokers, en medio de la repercusión que generó en los últimos días la causa Seguros, con imputados, allanamientos e inhibiciones generales de bienes, incluyendo al expresidente Alberto Fernández. El abogado alegó una cuestión de "respeto y honorabilidad".
A través de una carta enviada al juez federal Julián Ercolini, Cúneo Libarona desistió de ser el defensor de Kelly, aunque aclaró que hace tiempo que no comparte su estudio de abogados con sus hermanos.
"Desde hace más de 15 años, no soy socio de mis hermanos a quienes respeto y admiro. Sin embargo, por razones de honorabilidad, concurro a fin de renunciar al rol de abogado defensor del Sr. Brian Kelly", explicó.
El escándalo que generó en los últimos días la causa Seguros aceleró la estrategia judicial de los investigados. Brian Kelly, presidente de la empresa San Ignacio, había contratado a Rafael Cúneo Libarona. La polémica trascendió porque el dueño, por escritura, del estudio familiar que los representará ante la causa de corrupción y defraudación al Estado es el funcionario de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, quien trabajó allí hasta asumir en el gabinete.
El ministro dijo este miércoles que no va a su oficina en el estudio desde el 5 de diciembre y que a su hermano no lo ve desde hace meses. Y aseguró que "no sabía del nuevo cliente de su estudio jurídico".
En un contacto con La Nación se defendió afirmando que su hermano tiene derecho a trabajar. En la página web del estudio, el inicio presenta una imagen con los hermanos Cúneo Libarona y, en letras pequeñas, se aclara: “Se informa que el Dr. Mariano Cúneo Libarona, por haber asumido como ministro de Justicia de la Nación, actualmente no forma parte del estudio jurídico Cúneo Libarona”.
Los acusados en la causa Seguros
El juez Ercolini ordenó el martes de esta semana la inhibición de bienes de la empresa San Ignacio (además de Kelly también fue involucrado el vicepresidente Hernán Bressi) y de los exfuncionarios de Nación Seguros, que habían sido despedidos recientemente. A Mauro Tanos y Marcos Eufemio también se los allanó y el juez solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) desde 2009 a la fecha de ambos. La investigación está en una etapa abocada a reconstruir el esquema de brokers que fueron contratados a pedido de los organismos.
San Ignacio es una de las productoras que oficiaron de intermediarias en la póliza de la Anses y cosechó un total de $231.918.674 en comisiones entre 2023 y 2024. La aparición de Kelly no es una más en el expediente judicial. Según el expediente al que accedió NA, “desde el comienzo de la investigación, se han materializado (…) una serie de medidas (…) referido a la presunta existencia de una organización delictiva operando en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel Fernández, y en especial la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros SA".
Pero fue a partir del Decreto N° 823/2021 dictado por Fernández que se fijó lo que se conoce como el “gran negocio de los seguros” y la aparición de las empresas coaseguradoras: la tercerización del negocio. En ese decreto, se describieron las circunstancias irregulares que rodearon el diligenciamiento de la orden de presentación dirigida a la firma "San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA". La importancia de esa sociedad viene dada por su intermediación junto a la empresa "TG Broker SA", en los seguros contratados a "Nación Seguros SA" en ANSES. O sea, la firma de Kelly es el origen de la investigación.
ANSES, según la Justicia, ocupa el segundo lugar entre los entes públicos que firmaron un convenio por más dinero. A su vez, San Ignacio y TG Broker SA se encuentran en el cuarto y quinto puesto entre los productores que mayores comisiones percibieron. Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi figuran respectivamente como presidente y director suplente de San Ignacio.
Por su parte, el último sábado el gobierno nacional le pidió la renuncia al titular de Nación Seguros, Mauro Tanos, luego de ser allanado. El funcionario, de origen militante de La Cámpora, está sospechado de “actuar de contacto” con la productora de seguros San Ignacio, una de las dos beneficiadas por el contrato para los créditos de los jubilados. Tanos había sido ascendido a gerente general de Nación Seguros por decisión de la administración libertaria.
A Federico Eufemio, gerente de compras de Nación Seguros, también le allanaron la oficina, en la misma cuadra que la de Tanos, y su casa, en Arcos al 2600. No es la primera vez que el juez Ercolini dispone este tipo de medidas: a comienzos de marzo, allanaron los domicilios particulares y comerciales del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; del broker cercano a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, y del intermediario Pablo Torres García, con fuertes vínculos con Sergio Massa y el dirigente macrista Nicolás Caputo.
Ayer a Justicia ordenó este martes la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y también exigió, por disposición del juez Julián Ercolini, que se levante su secreto fiscal y bancario en el contexto de la causa que investiga una supuesta red fraudulenta de contrataciones de seguros de organismos oficiales, mediante la cual brokers privados se habrían quedado con sumas de dinero millonarias.
ML / ED
